Engendro que, apenas conocido, pudo haberse cortado de raíz, sin necesidad de llegar a que sirviera para alimentar la animosidad de quienes no simpatizan, más que con el Intendente local, con su "forma de gestionar"; inquietud explicable, pero de cualquier forma para ellos desconsiderada, por parte del personal, alumnos y sus padres, y el disgusto de parte de la población que pudo malinterpretar lo sucedido como un atropello.
Todo sin dejar de señalar que hubo una marcha por las calles de esta ciudad (lo que lleva a pensar que hubiera sucedido de haberse dado una "contramarcha", lo que afortunadamente no ocurrió), viajes y mas viajes, y declaraciones muchas veces inapropiadas, no solo por inoportunas, a favor o en contra de lo decidido.
Fue allí cuando la intervención del senador Canali trató de apaciguar los ánimos y dar una salida a la situación, cosa que desgraciadamente no ocurrió ante el "dejarse estar" del gobernador Bordet. Para el cual la sentencia del juez Bonvin, en un fallo en el que existen razones –expuestas en este mismo medio- que abren el derecho a discrepar acerca de sus fundamentos, se constituyó en una tabla de salvación, que le permitió una salida que benévolamente cabría calificar como de elegante. Es que la pregunta que queda flotando en el aire, es por qué haber esperado a que la justicia resolviera en la tramitación de un reclamo al que se había opuesto, terminó por consentirlo de una manera que, como se lo señaló de estas columnas, venía a significar "se le había soltado la mano" a la administración local.
Ahora se ha sumado, después de tanto bochorno y desgaste, lo que no sería sino una incomprensible "operación de prensa", una reunión que se debería haber llevado a cabo antes de "meter la pata hasta las verijas". La cual a pesar de ser publicitada no habría sido nunca convocada y de la que participarían el gobernador, los legisladores departamentales y el director de esa escuela con el supuesto cometido de tratar de "conciliar criterios" acerca de la cuestión.
De allí que no pueda sorprender la falsedad de esa supuesta convocatoria, por lo demás innecesaria, ya que de lo que ahora se trata es establecer –y ello requiere un estudio técnico- la superficie necesaria y el lugar (fuera de los límites de la Escuela) donde se pueden ubicar las piletas de tratamiento de efluentes cloacales, para pasar a adquirirla por compra directa –y en función de un avalúo establecido por el Tribunal de Tasaciones provincial- o en su caso por expropiación.
La pregunta pendiente, es si con esto es suficiente. Y si habiendo un costo inmaterial que pagar, no corresponde que el Presidente del Consejo de Educación pague su torpeza con su renuncia, y que se examine la conducta de todos los funcionarios provinciales que intervinieron en la tramitación de esa escandalosa resolución. Por aquello de que en la pirámide de la administración se da la "existencia de fusibles". . .
