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Al parecer, quienes componen la Justicia no tendrían los elementos necesarios para probar que el chofer del transporte escolar de Arroyo Barú fuera el autor del hecho como se dijo en el Juzgado de Colón.

Por su parte, los más de 20 alumnos de la zona de Pueblo Cazés, Barú y La Clarita que se encuentran sin asistir a clases en este ciclo lectivo debido a la suspensión de la contratación de la empresa de viajes, aun no tendrían una solución.

Mariela Serpa, directora departamental de Educación, había informado la semana pasada a El Entre Ríos que los chicos serían reubicados temporariamente en otras escuelas de la región para que no sea vulnerado su derecho a la educación, pero finalmente esta iniciativa no se podría concretar.

Lo que por estas horas se está gestionando desde el Concejo General de Educación es que se facilite una traffic del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) a modo de préstamo hasta tanto se consiga una empresa que pueda brindar el servicio de transporte.
Fuente: El Entre Ríos (edición impresa)

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