Algo parecido sucedió con el proyecto de nacionalización de la UADER que el gobernador propiciaba, creo que con entusiasmo. A pocas horas de tratarse el tema en el Congreso, en octubre de 2012, solicitó a los legisladores nacionales de su partido el retiro del proyecto.
En ambos casos el mandatario escuchó el ruido de la calle y actuó en consecuencia. Buena señal. Sin embargo, con otros reclamos (y son unos cuantos) no había ocurrido lo mismo hasta la última semana, cuando decidió conformar a los industriales gravados desde principios de año con el nuevo impuesto a los ingresos brutos.
La presión en alza
Todo se inició en diciembre tras la sonada rebelión policial con epicentro en Concordia. En una rueda de mate, que parecía de truco, matizada con sonrisas de ambas partes (foto muy divulgada), el gobernador acordó con los policías sublevados un buen aumento de sueldos. La mejora convenida no se produjo y una veintena de policías pasó por el calabozo y los estrados judiciales, pero los recursos aparecieron para atender esa y otras demandas del resto de trabajadores estatales que exigían igualdad de trato.
Los recursos aparecieron, como siempre, mediante un aumento de impuestos. Pocos días después de la rebelión policial, la Legislatura sancionó un proyecto de ley del PE estableciendo la llamada reforma impositiva, que en realidad tuvo poco de reforma y mucho de torniquete. .
Aumentó nuevamente el inmobiliario entre un 20 y 30% se dijo entonces, pero las boletas llegaron con índices de un 60% cuando no un 70%.
Por separado al agro y la industria (los sectores dinámicos) se les gravó con el impuesto a los ingresos brutos, del que estaban exentos, en tanto que el comercio pasó a abonar por el mismo tributo el 4,5%. Comenzaron a pagar también mutuales y cooperativas, a las que hasta ese momento se había eximido por su carácter solidario. Aumentaron los impuestos al automotor, las embarcaciones y los juegos de azar, entre otros objetos imponibles.
La supuesta reforma culminó un proceso de creciente presión impositiva, no ya sobre los que más tienen, sino sobre los que más trabajan.
Recuérdese que en enero de 2012, la Legislatura aprobó aumentos del impuesto inmobiliario rural que oscilaron en el 400% con muchos casos del 600%. En la misma oportunidad modificó parcialmente el código fiscal y la ley del impuesto a los ingresos brutos, todo a los apurones.
Al finalizar 2012 el PE propició y obtuvo otra modificación del código fiscal, esta vez para agilizar procedimientos de la oficina recaudadora ATER.
En la misma oportunidad atropelló sobre la sabia ley 8318, de conservación de suelos, otorgándole a la ATER la facultad de controlar las exenciones del impuesto inmobiliario previstas a favor de quienes realizan prácticas conservacionistas. Quedó claro el objetivo: recaudar, no conservar.
Siguiendo esa línea recaudatoria, en marzo del año pasado el gobierno violó la Constitución Provincial aumentando por decreto el inmobiliario rural un 10%. Sólo el Poder Legislativo está autorizado a crear o modificar tributos (art.122) y las facultades de cada poder son indelegables (art.45).
Industriales aparte
Las protestas de los industriales no se hicieron esperar después de la mentada reforma de diciembre. Fueron expresadas con moderación, sin ruido, pero reflejaron la disconformidad del sector. A partir de entonces los empresarios se distanciaron del gobierno, tras haber coincidido hasta ese momento en varios temas.
La reciente Jornada de Industria y Comercio Exterior organizada por la UIER hace diez días en Paraná, fue el motivo elegido por el gobernador para rescatar la sonrisa de los industriales. Les anunció entonces la derogación de los ingresos brutos. Es decir, marcha atrás. No se sabe por qué razón (o si se sabe) quedaron afuera del beneficio el agro y las cooperativas.
Es saludable razonar y corregir las propias medidas. No obstante, es inaceptable que esto se haga tan a oscuras como la disposición que ahora se deroga.
Los legisladores no están exentos del reproche. En diciembre cuando votaron los ingresos brutos a la industria y ahora cuando los derogaron, actuaron a toda velocidad, sin estudio, sin análisis, sin debate, reduciéndose su participación a ligeras consideraciones y a levantar la mano. Lo manda el PE y amén.
¿Todo en orden? Está por verse. Estos temas, como tantos otros referidos a la participación y la información de los actos de gobierno -cuestión esencial de la democracia- deben ser necesariamente ventilados, expuestos ante la opinión pública y debatidos. No es un asunto de tres o cuatro privilegiados, sino de todos.
Si no se abren las ventanas, se pagan después las consecuencias del encierro.
