Según el contenido del proyecto quedarían alcanzados en ese beneficio la totalidad de quienes impartan enseñanza tanto en los establecimientos educativos públicos como privados y los alumnos que concurran a ellos en los niveles obligatorios determinados por las normas nacionales en la materia.
A la vez, se aclara que la gratuidad para alumnos y docentes será únicamente –menos mal- en el recorrido que realicen desde sus casas a los establecimientos educativos en que trabajen o cursen estudios.
Obviamente una iniciativa de este tipo será seguramente bien recibida por todos aquellos que resultarían beneficiados con una liberalidad – porque de eso se trata- de este tipo, y hasta no faltará quienes exterioricen su apoyo entusiasta a la misma, al mismo tiempo de encargarse de destacar la "sensibilidad social" exhibida por el impulsor (no hablamos de autor, dado que pululan los textos similares en muchas ciudades, y de las que son inclusive promotoras entidades gremiales docentes) de una remanida ocurrencia, cual es la que nos ocupa.
Mientras tanto, una propuesta de este tipo, viene a mostrar –algo que resulta verdaderamente alarmante- lo poco, en realidad nada, que hemos aprendido de experiencias fantasiosas repetidas una y otra vez a lo largo de décadas, a pesar del costo que por ellas hemos tenido que pagar, y que en algunos casos todavía estamos pagando.
Es que obviamente, sino vivimos en el reino del revés, al menos lo hacemos es uno de utópica abundancia ilimitada en la utilización de un transporte gratuito, y que inclusive no se tratara de un transporte cualquiera sino de uno que cumpliera con los más exigentes estándares de calidad y seguridad y no tendría que tener costo alguno.
Pero para desgracia nuestra- la situación no es de ese modo- el tener que vivir en un mundo que por su propia naturaleza nos obliga a tener y mantener una mente clara y los pies bien afirmados sobre la tierra, deberíamos saber que casi ninguna cosa es gratis, y posiblemente llegará el momento en que ninguna lo será, si se tiene en cuenta que cada vez resulta más difícil hasta la afirmación que el aire lo sea.
De donde si todo tiene necesariamente un costo, y docentes y estudiantes estarían eximidos de afrontarlo, queda claro que alguien tendrá, inexorablemente, que asumirlo en su lugar. Es que nos encontramos que a veces quienes legislan buscan saludar con sombrero ajeno a un segmento de la sociedad, poniendo las cargas que ella debe soportar sobre las espaldas de otros.
Cortar esta suerte de nudo gordiano pasa entonces porque docentes y padres de alumnos cuenten con mayores ingresos, de manera que les resulte más liviano afrontar esos gastos, pero ello se trata, en esta ocasión, de harina de otro costal.
Si de una cuestión nimia –o que el menos lo parece, no obstante la importancia que reviste como señal de que no somos lo sensatos que debiéramos, ni tenemos los pies firmemente asentados en la tierra- pasamos a la discusión que en este momento se asiste respecto a la prohibición de los despidos por seis meses de los trabajadores registrados que lo hagan como personal en relación de dependencia, nos encontramos ante otra situación que viene a confirmar lo hasta aquí sostenido, en el sentido que pareciera que nada hemos aprendido.
Es que entre las personas pensantes –y en ese grupo existen muchas que no se las puede considerar parte ni de la "derecha reaccionaria" ni de la "oligarquía explotadora"- existe consenso en el sentido que en lo que hace a su propósito explícito de evitar los despidos, la medida no tendrá efecto alguno, aunque si puede llegar a tenerlo en lo que hace al peligro notorio que representa en materia de poner en cuestión a la gobernabilidad. Un resultado que estamos convencidos no entra en las miras de una parte mayoritaria de la sociedad.
Es que hay que tener en cuenta que el número de desocupados coyunturales –quienes forman parte de la legión de la desocupación estructural, son otra cosa- aparecen concentrados en el ámbito de la construcción y de la industria automovilística. De donde el tiempo necesario para que los primeros obtengan solución a su carencia depende de la rapidez con que se ponga en marcha el macro-programa de obras públicas que acaba de anunciar el gobierno. Y en cuanto a los trabajadores de las plantas en las cuales se fabrican automóviles, la cuestión es más problemática, pero de cualquier manera tampoco tiene solución prohibiendo temporalmente los despidos; máxime dado el nulo interés que tienen esas empresas de desprenderse de personal altamente capacitado.
A lo que debe añadirse el hecho de que una ley que prohíbe los despidos no acarrea ventaja alguna al importante sector de los trabajadores informales, situación en la que se encuentran casi cuatro de cada diez trabajadores, ya que en su caso al darse la existencia de "trabajo en negro", no existe prohibición de despido que valga, por más normas legales que se dicten, ya que a ellos no los alcanza.
De allí que lo que en realidad está en juego con esos reclamos y las movilizaciones subsiguientes, es sobretodo, solo una búsqueda de posiciones estratégicas en el campo sindical, y en ciertos sectores partidistas de mostrar la cara de sus dirigentes, de manera de intentar que la población olvide sus rostros, que aspiran a verlos desdibujados, y que los muestran como los responsables del actual estado de cosas. Ya que no se puede dejar de preguntarse qué hacían muchos de los que ahora muestran preocupación al momento de pagar la fiesta, cuando se encolumnaban, casi sin chistar, detrás de los autores de malas praxis y de latrocinios.
Es que el actual no es el momento de tirar piedras, sino de cinchar juntos.
M.S.J.
