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Lamentablemente no estamos en condiciones de repetir la tan hamletiana frase, aquella que habla de que "algo huele mal en Dinamarca". Porque en nuestro entorno no se trata de que "algo" así huela, sino que llega a parecer que estuviéramos todos al menos infectados con ese olor.

Para decirlo de una manera que simula ser vernácula y con la que resulta comprensible que nos hayamos familiarizado: debemos ser precavidos al momento de tocar con fuerza cualquier cosa, porque de ella puede saltar pus.

Un estado de cosas para el que no puede servirnos de consuelo la información de que el sesenta por ciento de los diputados que votaron a favor del juicio político a Dilma Roussef están involucrados en casos de corrupción. Algo que no les impidió, a la mayor parte de ellos, mostrarse desesperados al momento de arrojar la primera piedra.

Dado lo cual no pueden sino que causar preocupación informaciones que vienen a focalizarse en nuestro máximo tribunal provincial, las que por sus características parecieran que llegan impregnadas de un tufillo que no es precisamente el de un perfume.

No se trata de la información –no desmentida-de que un miembro de ese tribunal haya concebido un hijo fuera de su matrimonio, dado que de ser así, esa imputaciónes hasta admisible considerarla como una cuestión privada. Ni el hecho que la madre vaya a saber porque motivos despechada, haya hecho lo posible de una manera extorsiva para que esa situación se conozca, con la promoción de un juicio de alimentos. Una cuestión ésta que revestiría una mayor entidad, en el caso de existir un incumplimiento al deber de asistencia familiar.

Pero sí es grave la información, que en si misma configura la acusación de un delito, que ese mismo magistrado utilizase viáticos abonados por el tribunal para viajar a Buenos Aires con el objeto de dictar un curso de postgrado para abogados.

Mientras han tomado público de una manera confusa -ya que esa confusión existe y seguirá existiendo hasta que quede esclarecido lo que efectivamente ha ocurrido- las desapariciones de armas en su oportunidad secuestradas y que actualmente deberían estar bajo la guarda del mismo tribunal.

Pero a lo que aquí nos interesa aludir, es a la versión que no solo ha tomado estado público, sino que cada vez adquiere más fuerza -en algún medio de nuestra capital provincial se escuchó a un ex intendente de esa ciudad, un abogado justicialista de larga trayectoria ocupándose cuidadosamente y de una forma indirecta del tema- , que gira en torno a la existencia a disposición de cada integrante del Superior Tribunal, de "fondos reservados". Se trataría precisamente de ellos, y no de "gastos de representación", circunstancia cuyo secreto –en realidad, reserva- no puede sino causar extrañeza, en la medida en que es difícil explicar su razón de ser.

Máxime cuando ya a nivel "de mentideros" se señala que se trata de una situación que se arrastra por años, y que habría resultado de una negociación entre un ex gobernador y una ex presidente del indicado tribunal.

Mientras tanto el Superior Tribunal calla. Y es ese silencio el que deplorablemente agita un tufillo, ya que puede ser encausado por ese hecho, aunque la única forma de lograrlo sea romper ese silencio que lo alimenta y que tanto daño nos provoca a todos.
Fuente: El Entre Ríos (edición impresa)

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