Galletas" que con la ayuda de todos los que estamos bien predispuestos, y que somos conscientes de que si al actual gobierno le va a ir mal, peor nos va a ir a nosotros, es imprescindible desenredar.
Entre tanto enredo, posiblemente no solo el más grave sino el que requiere más urgente solución, es el vinculado con el "caos energético" en el que al irse, quienes se fueron, nos dejaron inmersos. Algo que queda corroborado, con la ausencia del ex ministro poli-rubro y actual diputado nacional Julio de Vido en la audiencia de comisiones del cuerpo que integra con el objeto de analizar el tema tarifario en el servicio de gas.
Existe en el fallo dictado por nuestro máximo tribunal sobre las tarifas de dicho combustible un párrafo que, aunque no es de su autoría, describe escueta pero claramente la actual situación en la materia.
Es cuando se dice que "la política energética implementada en el período considerado (a partir del año 2002), tuvo como consecuencia la pérdida del autoabastecimiento, el aumento del gasto público, importaciones por parte del Estado Nacional, déficit de la balanza comercial, consumo de los "stocks" de recursos y capacidad disponibles, escasez del gas, deterioro de las infraestructuras de transporte y distribución y falta de inversiones en el desarrollo de sus redes."
Mientras tanto, frente a ese estado de cosas, no se puede soslayar la torpeza que se ha hecho presente en algunos aspectos del manejo de la cuestión por parte del actual gobierno, más allá de la corrección tanto de su diagnóstico, como de los medios a emplear y las metas asumidas de manera de poder superar el problema.
Es que pareciera que no hubo una clara comprensión de la complejidad y dimensión del tamaño de la "galleta" que debía deshacer y de los cuidados que había que adoptar al ir avanzando en un terreno minado y rodeado de quienes se dicen enemigos al acecho.
De allí que muchas de las cosas que ahora han decidido hacer, debieron haberlas pensando y hecho antes. Tal el no haber convocado a edificar "un acuerdo federal energético"; constituir en su momento el consejo consultivo compuesto por la casi totalidad de los secretarios de energía de los gobiernos de 1983 en adelante; o haber efectuado una suerte de "juego de simulación" acerca de cuales iban a ser los efectos de las adecuaciones tarifarias en la práctica. También haber convocado a audiencias públicas con el objeto de tratar la readecuación del cuadro tarifario, independientemente del hecho que ello fuera o no necesario, ya que en la duda, ¿para qué jugarse?
Los medios de comunicación masiva, tampoco ayudaron, sino que encontraron en las medidas, consideradas como "metidas de pata", una ocasión para batir el parche. Hablaron así de "caos", de aumentos tarifarios de hasta un mil por ciento, pero no se preocuparon de aclarar cuál era el número de ellos, e inclusive de qué manera podían quedar explicados.
A lo que se agrega la ambigua manera de trasmitir el contenido de la sentencia que acaba de dictar nuestro máximo tribunal anulando parcialmente los incremento tarifarios para el gas.
Allí se dijo ella quedaba circunscripta a los usuarios domiciliarios. Lo cual era cierto, pero lo que no se aclaró es que en el caso de toda la otra amplia gama de usuarios del servicio, estos quedaban en situación de reclamar judicialmente en forma individual (con lo que lo mejor es no ponerse a pensar el baile que puede llegar a armarse, de ello ocurrir).
Lo hemos dicho y repetido, al insistir en esto de la galleta. Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la sentencia a que aludimos contribuyó más que a deshacerla, a volverla más apretada. Es que se ha ido por las ramas, con mucha cháchara –aunque correctamente escrita y nada disparatada sino todo lo contrario- para luego antes de concluir la treintena de fojas o el doble de páginas de una decisión que debe ser lamentada, llegó al nudo de la cuestión en pocos renglones, y la doctrina allí establecida la utilizó el tribunal, a la hora de sacar las conclusiones, de la forma menos apropiada.
Fue cuando señaló que de acuerdo con lo dispuesto por dos leyes que cita, la producción y comercialización de gas es efectivamente una actividad económicamente desregulada y no puede ser calificada como servicio público. Que ello no obstante a partir de lo establecido en el decreto del año 2004 se autorizó a un organismo estatal a acordar transitoriamente con quienes nos vendían gas natural –extractores locales y extranjeros- un ajuste del precio del producto, lo que así se hizo. De donde aparece como razonable entender –dice la Corte- "que hasta el momento en que efectivamente el precio del gas se determine sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente con la revisión de tarifas para la cual es necesaria, como ya se dijo, la celebración de una audiencia pública".
De donde la Suprema Corte viene a decir, que si el gobierno hubiera "liberado" el precio del gas, quedando el que fije el mercado, las audiencias públicas no hubieran sido necesarias. Pero como no tomó aquella determinación, las audiencias públicas previas a cualquier aumento de precio son indispensables. Pasando por alto el hecho, que en ningún momento se menciona, que de liberar el precio del gas, el mismo hubiera sido mayor que aquél del que parte el gobierno para efectuar sus determinaciones en materia tarifaria, sobre todo cuando como ocurría antes el petróleo costaba 100 dólares el barril y no 50 como ahora.
Es por eso que pudo escribir una autoridad en la materia, que la Corte, partiendo de los mismos argumentos, pudo haber resuelto como lo hizo, pero también de la forma contraria.
De donde, por haber optado por la salida menos onerosa, se lo viene a castigar al gobierno (y se nos castiga a todos, porque los casi dos mil millones de dólares de menores ingresos que esa congelación retroactiva y transitoria de tarifas significa, es un costo que no lo asume el gobierno, sino que va a salir del bolsillo de los consumidores).
O sea que, seguramente sin proponérselo llevó a colocar al gobierno en una suerte de encerrona, que tiene un costo político mayor que el económico, y que también lo asumimos nosotros medido en el deterioro de la gobernabilidad y desconfianza de los potenciales inversores ante una muestra de incertidumbre.
