Se hace aquí presente la pregunta de hasta qué punto significa encontrarse en un nivel o jerarquía menor ser ministro de la nación que gobernador de una provincia, cuál es el caso de nuestro ex gobernador.
Pero no es en realidad de las incomodidades que a Urribarri pueden provocarle actuaciones y procedimientos judiciales, muchos de ellos "cruzados", ya que él mismo ha demostrado que no solo está dispuesto a defenderse sino a dar batalla contratacando, de las que queremos ocuparnos.
Como ni siquiera del "pase de facturas", después de lo que parecía una reconciliación irreversible, entre el ex gobernador y quién en su momento disputara su cargo, en ocasión de su primer mandato. Nos estamos refiriendo al ex intendente de Paraná y actual diputado nacional –el paranaense Julio Solanas-, que de una manera implícitamente ponzoñosa se refirió a la negativa de la Cámara de Diputados a aprobar el desafuero del su actual presidente pese al requerimiento judicial y opinó que "es importante ponerse siempre a consideración de la Justicia".
El hoy legislador agregó "Yo pedí mi desafuero cuando fui denunciado en la justicia, pero eso depende de cada uno", y agregó que en el caso del ex gobernador "se ha tomado una posición desde el bloque del peronismo". Expresando para rematarla que "cualquier ciudadano argentino debe estar dispuesto a dar ese paso para facilitar que se lo investigue y decir su verdad". "Siempre un ciudadano en la política debe ponerse a disposición de la Justicia y esa es mi posición, lo que no quiere decir que sea la misma postura que tienen otros", diferenció, y concluyó que "si cualquier ciudadano de a pie se aviene a la ley, cualquier ciudadano que tiene un cargo también debe hacerlo"
Todo lo que ha tenido amplia difusión -confirmando aquello de que "a perro flaco, o por lo menos al que así se lo supone, no le faltan pulgas"-desatando una suerte de debate en los medios, en torno a la custodia del actual Presidente de la Cámara de Diputados. Es que Sergio Urribarri, en sus épocas de gobernador, contaba con una custodia de diecinueve miembros de la fuerza policial, a los que se llevó consigo a la Legislatura cuando allí se trasladó para ocupar su nuevo cargo, junto con una flota de seis automóviles, los que tanto-custodios como móviles- estaban en situación de revista en el área del Poder Ejecutivo provincial.
Mientras tanto, la alharaca que ahora se ha despertado tiene que ver, no con ese traslado de una mínima parte de su custodia en los tiempos en que estaba en funciones como gobernador, ni siquiera con la importante reducción que en medios de movilidad terrestres y su total privación en lo que respecta a los que lo llevaban y traían casi diariamente por los aires de aquí para allá, y de allá para aquí o alguna otra parte, sino que ese bullicio lo ha venido a provocar el hecho que tres de los integrantes de la custodia han pasado al Ministerio de Gobierno, dado lo cual la reducción de guardianes es irrisoria –de 19 a 16- con el agregado que todo "queda en casa", porque como se sabe no por casualidad el Ministro de Gobierno es uno de los hijos del exgobernador.
Pero de cualquier manera todo este barullo ha servido para poner sobre el tapete la verdadera cuestión, la que gira en torno de cuántas personas cumplen en la actualidad función de custodios de funcionarios y ex funcionarios; el número afectado al cuidado de ellos y sus familiares –que inclusive cabe sospechar que incluya el hacer algunos mandados-, y cuánto es el costo que insume mantener en funcionamiento esa legión.
Comprendemos que no son tiempos para ocuparse de estas cosas, que aparecen en los actuales momentos un poco "descolgadas" si se tienen en cuenta las agresiones "espontáneas" que recibió el presidente Macri en una reciente visita a Mar del Plata y las amenazas – no en balde el juez federal de esa ciudad consideró que está en marcha "un plan de desestabilización" contra el gobierno nacional, al referirse a esos incidentes- y "avisos", de netas características mafiosas, que en estos días reciben tanto aquél como la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Las mismas tendrían su origen, no se sabe bien si en grupos de la "resistencia" kirchnerista o en mafias enquistadas dentro de la estructura del Estado, las que comienzan a sentirse molestas ante el hecho que están quedando bajo los ojos vigilantes del nuevo gobierno. Vendrían aquí al caso las palabras de El Quijote: "ladran Sancho, señal que cabalgamos".
Es seguramente por lo mismo, que la Ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich -tan verborrágica y atropelladora como es ella- se haya despreocupado de los entre setenta y ochenta custodios que Estado paga para cuidar a la ex presidenta y su familia directa, algo que llevó a un periodista, que además de ser irónico resulta mal pensado, a comentar que algunos de esos custodios la habrían acompañado para asegurar traslado de los dólares a las cajas de seguridad del Banco Galicia en el Microcentro.
Mientras tanto, la cuestión no pasa por allí. Si no en parte por el hecho que la agresividad inadmisible que muestras algunos desaforados frente a ex funcionarios -por otra parte, la misma que se da frente a otras personas de notoriedad pública- hace explicable que haya a los mismos que brindarle amparo, ya que reacciones de este tipo nunca serán justificables. Y en parte, por la pregunta –aparentemente sin respuesta- del porqué también aquí se da el hecho de que existan "hijos y entenados", ya que por una parte existirían "personas rigurosamente vigiladas" mientras que la seguridad del resto de la población queda librada a la buena de Dios, y la vida de cualquiera de nosotros en la realidad vale menos que nada, ya que puede llegar a depender del imprevisible humor de un motochorro u otra persona de su calaña.
Aunque la situación nos ha igualado a los que carecemos de custodia, y a los que se supone la tienen. Porque éstos tienen una que se muestra tan deficiente a la hora de tener que actuar que es, en realidad, como si sus aparentes usufructuarios en realidad no la tuvieran?
