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La primera mención a la existencia de Kashira S.A., por lo que sabemos, se la tuvo por su presentación a una denominada "mega licitación" llevada a cabo por el gobierno uruguayo en el año 2009 (Licitación Pública Internacional Nª 2/2009), convocada con el objeto de adjudicar salas de juego con slots o casinos en doce localidades uruguayas.

La licitación tuvo quince oferentes entre los que se encontraba precisamente la sociedad mencionada, que pretendía instalarse en Paysandú. A su vez más recientemente se la ve a la misma empresa contratada para ejercer el control integral del tránsito en el ejido municipal de Concordia, junto con "Sisteco" Sociedad Anónima, situación que se prolongó hasta la intendencia de Cresto.

Por su parte, Neogame S.A. es –todo ello según la información que suministra en su sitio digital- una empresa de capitales argentinos, dedicada al entretenimiento, así como también al turismo y proyectos hoteleros de categoría internacional, centralizados en el esparcimiento integrando hotelería, casino, spa & health club.

De esa manera afirma que ofrece un servicio integral de calidad y confort en materia turística, respetando los valores históricos y culturales, cooperando con el desarrollo económico de cada región para así poder posicionar cada destino nacional e internacionalmente.

Se trata de la sociedad que explota el Hotel Casino Mayorazgo de Paraná y su similar de la ciudad de Formosa, aparte de ser, en territorio entrerriano, favorecido por la "tercerización" parcial del juego en otras salas administradas directamente por el IAFAS, donde explota las máquinas tragamonedas, que no por casualidad tienen ese nombre.

En vinculación con ambas sociedades aparece José Aníbal Perez, el que contaría con una participación de una magnitud que se desconoce en el capital de cada una de ellas. Además se lo sindica a Perez como dueño del canal 9 de televisión de Paraná y del canal 10 de Mar del Plata.
Y si llevamos a cabo esta larga relación, es por cuanto queremos abordar desde otra perspectiva la explosiva investigación que llevó a cabo el periodista Daniel Enz, que se publicara en el semanario Análisis del cual es editor, y que glosara nuestro columnista Adrián Pino en una de las pasadas ediciones de esta hoja-.

Es que de esa investigación surge que tanto Sergio Urribarri, su esposa y el hermano de ésta cuentan o contaban con las "tarjetas azules" que les habilitaba para la utilización de un automóvil de los que ahora se denomina de alta gama, cuyo titular registral es la primera de las sociedades mencionadas, y del cual se tiene certeza que por lo menos nuestro ex gobernador efectivamente utilizaba.

Una situación que, cuando dos abogados paranaenses denunciantes de Sergio Urribarri por considerarlo incurso en el delito de enriquecimiento ilícito tuvieron conocimiento, los llevó a pedir la incorporación a esa causa de prueba, encaminada a profundizar sobre esa base la investigación en curso vinculada con nuestro comprovinciano.

A la vez, la situación aludida, da pie a una primera pregunta, que seguramente muchos de nuestros lectores ya antes de la publicación de esta nota se habrán hecho, la que da cuenta de una sospecha maliciosa, cual es si ese automóvil lo había recibido en préstamo el actual Presidente de la Cámara de Diputados provincial, o si la titularidad registral del vehículo era tan solo una "tapadera".

Se trata de una cuestión que por nuestra parte consideramos tan solo menor, ya que lo que no puede dejar de`provocar una profunda molestia –por decirlo de una manera benévola- es que de esa forma se pone de manifiesto un nada aceptable vínculo que se da entre un funcionario nuestro, con alguien que se mueve en ese poco claro mundo en el que se mezcla el juego con el manejo de medios de prensa, y vaya a saberse con cuantas cosas más.

Algo que no es nuevo ni en nuestro país –viene a la memoria Cristóbal López y el lotero amigo de Scioli- ni en el mundo, aunque esa circunstancia no convierta a la situación a que se apunta como menos censurable.

Por otra parte, lo que resulta todavía más inquietante es la responsabilidad que nos cabe a todos como entrerrianos, en que hayamos consentido que, como consecuencia de esas vinculaciones u otras circunstancias parecidas, nuestra provincia se haya convertido en un gran garito, ya que apenas exagerando un poco las cosas, es dable toparse con un local de tragamonedas a la vuelta de cada esquina, hasta en las localidades más insólitas.

Todo lo cual se produjo con el silencio cómplice de la mayoría de nosotros, comenzado por nuestros legisladores y los medios de prensa, la complacencia de funcionarios provinciales que confunden apostar con una acto de caridad, y municipales que establecen una relación parecida entre turismo y casino, en una grave ensoñación que lleva a suponer que de esa forma estamos un poco en Montecarlo.

De allí que, frente al hecho consumado y a los intereses creados ya instalados fluya fácilmente el interrogante acerca de cuál es la forma de deshacer este matete. Porque resulta claro que se hace indispensable la prohibición del funcionamiento de traga monedas –dicho esto con el debido pedido de disculpas para jubilados aburridos, y como una forma de ayudar a quienes dejan sus ingresos, la mayoría de las veces magros, hipnotizados por ellas- a la vez que sino lograr el cierre de los casinos acotar su número de manera de empezar por eliminar la mayoría de los últimos habilitados.

Es que detrás de las casas de juego y sus dueños, se hace presente la corrupción política y, más que de refilón, esa misma corrupción se infiltra en nuestra policía, y es la madre de dramas familiares que se traducen en un grave problema social, y que contribuyen a potencializar la impresión – respecto a la cual cabría inclusive, aunque no viene al caso, la mención de otros factores- que estamos viviendo en un auténtico chiquero.-
Cuando en forma paralela estamos convencidos de que los entrerrianos nos merecemos otra cosa, y a la vez está presente la convicción que está en nuestras manos lograrlo.
Fuente: El Entre Ríos (edición impresa)

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