Y si efectuamos las consideraciones precedentes es por la contradicción que se hace presente en esa sobrevaloración tarifada de su labor -hay que pensar en cuanta gente trabaja ad homorem en las ongs, algo similar a lo que deberían ser los concejos deliberantes en las poblaciones del tamaño de la nuestra y otras de aun menor población-, y la austeridad extrema que cuidadosamente ha exhibido ese cuerpo, al cajonear la necesidad de cumplir con la ley mediante la creación de la Defensoría del Pueblo en nuestra ciudad, esgrimiendo razones presupuestarias.
Razones explícitas que en realidad esconden un miedo irracional a ser controlados que gana a la mayoría de los que acceden a la función pública, sin darse cuenta que es lo mejor que puede pasarles para su tranquilidad futura.
