Entre las medidas que han quedado estancadas en una suerte de limbo, se encuentra la de la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas. Estos espacios, según el proyecto con media sanción, deberán contar con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados. A la vez, en ellos se podrían realizar denuncias a lo largo de todo el día.
La misma iniciativa también contempla que las víctimas deberán ser notificadas sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional, las salidas transitorias y todo tipo de medidas referidas a los delincuentes condenados y a los acusados que enfrentan un proceso judicial.
A la vez se establece que, cuando alguien denuncie la desaparición de una persona, la búsqueda deberá comenzar inmediatamente, sin esperar cuarenta y ocho horas, como en la actualidad, inexplicablemente, está establecido. También que las víctimas queden autorizadas a solicitar que se reciban sus declaraciones en sus domicilios, con lo que dejaría de ser necesaria su comparecencia a tribunales con ese objeto.
Dentro de ese contexto no podemos dejar de insistir en una ocurrencia nuestra que habíamos hecho pública, y que seguramente por sonar a disparate -aunque en realidad no nos parece así- no ha tenido eco alguno.
La misma tiene que ver con la necesidad de que el Estado se haga cargo de compensar los daños de las personas víctimas de un delito, en los casos que el mismo sea consecuencia de la inexistencia o de una falla en el sistema de seguridad estatal. Ya que entre las obligaciones que el Estado tiene para todos los integrantes de la sociedad está el deber de preservar su seguridad, y en el caso de una falencia al respecto, responder en consecuencia.
