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El gobierno nacional acaba de lanzar un ambicioso plan de financiamiento, independientemente de los ya existentes, en materia de viviendas sociales. Según los anuncios, cada una de las familias cuyas cabezas adhieran al plan tendrán la posibilidad de obtener crédito, contando de antemano con una suma de dinero poco mayor a la cuarta parte del precio de un automóvil nuevo, aunque por supuesto no de alta gama. Se habla de cien mil pesos, como base de un crédito de un millón de pesos. El mismo permitirá ser restituido en cuotas mensuales pagaderas durante treinta años, de dos mil quinientos pesos cada una, valor ajustable de acuerdo al índice de variación salarial.

Se desconocen todavía los detalles que permitan su implementación, aunque ya desde el vamos nos encontramos con una sorpresa, ya que dentro del contenido del anuncio se señala que la cuota mensual a pagar, podría reducirse a tan solo dos mil pesos ajustables, en el caso que las provincias eximieran del pago de tributos provinciales a todos los insumos y trámites vinculados con los créditos aludidos.

Una circunstancia esta última, que lleva a efectuar una digresión, vinculada esta vez con la casi confiscatoria presión impositiva que debe pagar la población para sostener ese "ogro pseudo filantrópico", remendando al escritor mexicano Octavio Paz, apelativo que aplicaba a un estado hipertrofiado que a la vez que se muestra incapaz de atender los servicios públicos a su cargo.

Volviendo al programa que anunciamos, lo primero que habría que destacar es que su concreción -un detalle no menor ante la forma en que estábamos habituados a que funcionaran nuestros gobierno paquidérmicos- abriría una posibilidad en la actualidad impensada cual es la de permitir a un número significativo de familias hacerse de una casa propia, con un pago mensual inferior al que se paga en la actualidad mensualmente en concepto de alquiler.

No está demás aquí señalar lo archisabido, pero de cualquier manera importante: para quien alquila una vivienda, a la incertidumbre al menos latente que provoca el hecho de estar viviendo bajo techo ajeno, se agrega la frustrante impresión de que el pago de cada cuota de alquiler, es como "tirar la plata al río", ya que debe repetirse esa operación una y otra vez, mientras se sigue viviendo en un lugar que no es el suyo.

A lo que cabría agregar otra paradoja, cual es el que la imposibilidad de ahorrar en medio de una situación de endémica inflación lleva a que se tomen atajos en apariencia defensivos, cual es el de adquirir financiado un automotor, el que es un bien semidurable, a diferencia de una vivienda, a lo que se agrega el hecho que en la escala de necesidades de un grupo familiar ocupa un nivel de prelación inferior al de la vivienda propia.

Dicho lo mismo de una manera más sencilla: cuando menor es el número de terrenos en los que se puede fraccionar una manzana, el precio de cada metro cuadrado de terreno será menor, dado que al momento de adquirir lo que importa es sobre todo "el precio del lote", resultando -a ese momento al menos- una cuestión secundaria su tamaño.

Advertimos que al avanzar en este tema lo hacemos con el arrojado temor de quienes no son especialistas, sino que abordan la cuestión, tratando de hacerlo tan solo con el más honesto y sensato criterio posible.

Ello es lo que nos lleva a espirar que al dar la forma corriente a la iniciativa, se contemple la necesidad de que los terrenos que se van a utilizar para construir las nuevas viviendas tengan las dimensiones que alejen el peligro de que la iniciativa se convierta en una "siembra de conejeras". Ya que se debe tener en cuenta por una parte que la dimensión del espacio territorial que dispone una familia es un factor de incidencia fundamental en su calidad de vida.

A lo cual se agrega la circunstancia que, en gran medida, la especulación en materia inmobiliaria se nutre de ocultarse el hecho que al establecer límites, los mecanismos de manejo del suelo –hablamos de "mecanismos" y no de normas, porque en la materia la única norma pareciera ser el "derecho" de reclamar una excepción a las normas, con lo que aquellas quedan desvirtuadas hasta su virtual desaparición- se hacen de una manera que reduce el tamaño de los lotes a extremos inadmisibles, incrementándose así en una forma irrazonable el precio que por metro cuadrado de superficie se puede adquirir.

Una situación que aparece como patente en el caso de las denominadas "viviendas sociales" construidas por la general en agrupamientos que muchas veces resultan desbordados desde el vamos por el tamaño del grupo familiar a albergar, y en los que los ente públicos encargados de su construcción se han desentendido totalmente de su indispensable arbolado, que constituye una necesidad a atender no solo en atención al confort sino también al crecimiento cultural.

A la vez, se hace presente de hasta qué punto nuestras ciudades están preparadas para atender a las consecuencia de un previsible crecimiento inusitado del número de viviendas.

Ya que no cuentan, no ya con "bancos de terreno", y a la vez carecen de recursos con los que enfrentar la ampliación de cobertura territorial de los servicios públicos que un programa de este tipo, de resultar exitoso implica. Es que por lo general carecen de un plan director que haga posible encausar el crecimiento urbano, impidiendo así se vuelva endémico el caótico panorama que se observa en la actualidad.

Ejemplo de lo cual se lo encuentra en la existencia de barrios que parecen estar ubicados en "medio de la nada", de una manera que en el mejor de los casos los transforma en un grupo de viviendas adosadas que apenas si son dormitorios colectivos, condición que ni siquiera permite asignarle la calidad de un grupo habitacional "satélite" del centro urbano más cercano, y que por lo mismo viene a carecer de la interacción humana y de los rasgos de sociabilidad propios de la vida barrial.
Fuente: El Entre Ríos (edición impresa)

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