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En la última sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos se convirtió en ley una iniciativa que tuvo su origen en convergentes proyectos presentados por la ex diputada María Ema Bargana y el Poder Ejecutivo, conocidos popularmente como la "ley de fracking" que prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos por métodos no convencionales, incluyendo la técnica de fractura hidráulica.

Como debemos admitir que no nos sumamos al júbilo con que se recibió la sanción –votada en forma unánime por la totalidad de los diputados- que en algunos sectores de la provincia se muestran sensibilizados al extremo por los temas ambientales, corresponde que dejemos constancia que tampoco nos alegraría que, en algún momento, existiera la confirmación de posibilidades concretas de incorporar un factor de contaminación real a los tantos que en la actualidad agreden a nuestro entorno.

Es que la realidad es que nos incomoda la actitud épica y la demostración de que estaríamos asistiendo a una sublime epopeya con la sanción de dicha ley, comportamiento que no cabe considerar como el único, ya que sobran ejemplos de actos similares.

Es así como remontándonos a lo que hoy parece casi la prehistoria provincial, se vio a nuestros legisladores cantando el Himno Nacional, con sus ojos bañados en lágrimas en una manifestación de emoción desatada, por haberse dado sanción a la ley por la que se llevó a cabo "la recuperación de las Islas Lechiguanas". No se trata de abrir aquí un juicio acerca de esa medida, ni de la anterior que la dejara sin efecto, sino destacar la circunstancia que ni esos legisladores ni los que los sucedieron, no han hecho nada para llevar a cabo el desarrollo productivo de esas islas. De donde la recuperación de un "territorio irredento" fue en definitiva solo una redención hueca.

Por su parte, tuvimos la oportunidad de conocer luego de la larga, fatigosa y en definitiva estéril lucha contra la instalación en Fray Bentos de una pastera, la sanción de una ley con la que, de una manera demagógica, se pretendía al mismo tiempo calmar, al menos en parte, el enojo colectivo que la construcción y puesta en funcionamiento de esa planta provocaba, a la vez, que el gobierno de esa época buscaba traer aguas para su molino, de lo que en la ocasión se bautizó como la "ley de la madera". Norma que prohibía la comercialización de rollizos de las plantaciones de eucaliptos de nuestra provincia, con destino a la alimentación del proceso industrial que allí se llevaba a cabo.

Debemos abrir un paréntesis para señalar que existe casi la certeza que, de no ser por esa movilización masiva de la población de Gualeguaychú y de las de toda la costa de nuestro río, el gobierno uruguayo hubiera sido eventualmente más laxo en el control del funcionamiento de la planta, dado lo cual se debe expresar el reconocimiento a los sufridos reclamantes.

Pero a la vez no debe dejarse de considerar que la actitud frente a esa situación asumió muchas características de una suerte de delirio colectivo –enfermizo como todo delirio- en especial en la población de Gualeguaychú.

A lo que en su caso se agrega que mientras vislumbraban la paja en el ojo ajeno no veían la viga en el propio; ya que a estar a estadísticas de origen gubernamental son mayores los índices de contaminación en el río Uruguay que se observan en la desembocadura del río Gualeguaychú, del que la ciudad ha tomado su nombre, que los establecidos en el mismo río en las proximidades de la planta.

Mientras tanto la circunstancia que nuestro gobierno provincial se encuentre abocado –no tenemos certeza si ya la norma derogatoria ha sido dictada- a remover la prohibición a que aludimos de la ley de la madera, viene sino a trivializar, al menos a encuadrar en forma correcta, los alcances y por ende la significación de la ley antifracking, en la cual puede verse no otra cosa que una expresión de deseos. De deseos legítimos por razonables – que compartimos- pero tan solo deseos al fin.

Ya que la prohibición establecida por una ley, tal como acaba de destacarse, puede ser dejada sin efecto por otra ley; siendo una reforma constitucional que incorpore a la Constitución de la Provincia la prohibición del fracking, la única manera de darle a los anhelos puestos de manifiesto el grado de fijeza necesario. De donde cabe agregar que la única posibilidad, aunque remotísima de que ello ocurra, estaría en que una intención de este tipo sirviera de pretexto al gobierno de turno para avanzar en un proyecto constitucional reformista, utilizando como "pretexto pantalla" a la necesidad de darle jerarquía constitucional a esa prohibición, para buscar, en lo que solo es un ejemplo, la posibilidad de la reelección indefinida del gobernador de la provincia.

Mientras tanto, una pregunta que dejamos planteada, de respuesta abierta es ¿qué pasaría si por una casualidad mayúscula se determinase en las profundidades del territorio provincial la existencia de cuantiosos yacimientos de petróleo o de gas?

Según lo relata una crónica de la sesión, "dirigentes de diversos sectores ambientalistas siguieron el debate en las gradas del recinto, aplaudieron la aprobación y advirtieron: Ahora vamos por los agro tóxicos".

En lo que nos encontramos esta vez ante una preocupación no solo válida, sino que preñada de urgencia, ya que se hace necesario efectuar en forma inmediata un diagnóstico serio y objetivo de la situación actual vinculado con la utilización de esos productos, y a la vez actuar en consecuencia.

Aunque debe rescatarse la oración precedente –el actuar en consecuencia- ya que sin una acción que siga a la decisión, nada cambia. La decisión no tiene que ser necesariamente del gobierno, ya que disposiciones como las ambientales pueden ser el resultado de la acción de vecinos con vocación por el bien público, que de esa manera pueden anticiparse y poner en situación incómoda a funcionarios negligentes.

Porque problemas ambientales de que preocuparnos son precisamente los que sobran. Así la pregunta: ¿qué hacemos con los "mini basurales" desperdigados por terrenos baldíos y los costados de las calles rurales? ¿Qué hacemos con la contaminación de nuestros ríos y arroyos? ¿Qué hacemos, inclusive, con un crecimiento urbano que por sus torpes, cuando no caóticas, características es de por si contaminante?

Dejando de lado una cuestión principalísima como es la del arbolado urbano. Frente a la cual la municipalidad es una clara expresión del "estado ausente". De lo que el mejor ejemplo es posiblemente lo que sucede en Colón, donde no solo no se plantan árboles, sino que no se busca la manera de proteger, preservándolos, a los que ya existen. De lo que es un aberrante muestra tanto la tipa de González y Ferrari, como la verdadera hecatombe que se hizo con los plátanos de Boulevard Gaillard, donde en lugar de talarlos en forma masiva se debió buscar una solución alternativa con el objeto de llevar a cabo una mejora en los servicios de desagüe de aguas pluviales.

Una administración municipal ausente. ¿Qué se puede hacer cuando a ella no parecen entrarle las balas?
Fuente: El Entre Ríos (edición impresa)

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