Santiago Maldonado: un ícono con varios rostros
La primera impresión que nos despierta el rostro del infortunado Santiago Maldonado, es encontrarnos con la contra-imagen, inocente, del rostro del Che Guevara. Es que, con seguridad, de haber sido la suya una desaparición forzada como se la deseaba y se la presentaba forzadamente, hubiera pasado a ser el rostro de unos de esos humildes de corazón de los que nos hablan las bienaventuranzas, sacrificado en medio de una pelea de hombres pintados como perversos.
Mientras, si miramos al trasluz esa misma figura, en el contexto en se produjo, tanto su desaparición como la investigación y descubrimiento de su cuerpo ya sin vida, nos muestra la gravedad de una situación acerca de la cual desde las columnas de El Entre Ríos se viene insistiendo en forma casi obsesiva, cual es la fragilidad de nuestro Estado de Derecho; si se advierte que para avanzar en una investigación judicial el magistrado a cargo de la misma, tiene que admitir la declaración, por ante él prestada, de testigos enmascarados o/y admitir que para poder moverse las fuerzas de seguridad a su cargo, previamente sean palpadas de armas, entre otras situaciones escandalosas.
Pero también, y tomémoslo como si fuera el último, es un caso palpable que confirma aquello de que la manipulación política de una situación problemática es la mejor manera de agigantar su confusión, retardar -cuando no impedir- su solución y, por sobre todo, mantener la pasividad ante un hecho que se oculta detrás de una trágica aunque circunstancial cuestión.
Con lo que no hago sino referirme a la situación de las comunidades aborígenes de nuestro territorio y dentro de nuestra sociedad.
La postura constitucional frente a los indígenas
La Constitución Nacional daba cuenta de una posición ambigua con respecto a los integrantes de las comunidades indígenas. Es así como por una parte resultaba contundente en reconocer los derechos civiles a todos los habitantes de la Nación, y los políticos a sus ciudadanos. Pero a renglón seguido hacía referencia al trato pacífico con los indios y su conversión al catolicismo.
Corresponde aquí, y a ese respecto, abrir un paréntesis. Para advertir que tal cual como lo afirman agudos estudiosos la denominación de indio para hacer referencia a los pueblos autóctonos de América es etnocentrista e impuesta por los colonizadores como manera de destruir su identidad. Remarcándose que la utilización de ese vocablo que no significa otra cosa que habitante de la India, o incluso la de amerindio, refleja las erróneas ideas de los conquistadores europeos, quienes creían haber encontrado en el continente americano la costa oriental de la India.
Dado lo cual con más propiedad debe hablarse de aborigen (o sea el que vive en un lugar desde su origen) o de Indígena (que significa población de allí, y que una manera más completa se puede indicar que la etimología del vocablo, apunta a que «son los descendientes de quienes estaban en el lugar antes de la llegada de otros que ahora constituyen la sociedad mayoritaria y dominante. O para decirlo de una vez por todas a quienes se definen en parte por su ascendencia, en parte por los rasgos particulares que indican su diferencia en relación con quienes llegaron más tarde, y en parte por la visión que tienen de sí mismos.
De donde cabría concluir que para nuestros constituyentes primigenios, si bien los indígenas eran unos habitantes más, al mismo tiempo se los veía como a otros (cuando se los veía); a la vez que se ponía de manifiesto una vocación integradora respecto a ellos, procurando (no compeliendo, ya que ello iría contra la libertad de cultos) su conversión al catolicismo como forma de lograr que sean unos más entre nosotros. De cualquier manera dentro del proyecto tanto de la generación de 1837 como de la de 1899 de hacer de la nuestra una sociedad trasplantada de la europea de ese entonces, se le daba cabida plena a los sectores nativos terratenientes y relativa a la población rural del mismo carácter.
El texto a ellos dedicado en la reforma constitucional de 1994 significa un avance (aunque tardío) al respecto, ya que precisa en una de sus disposiciones reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de las cuales será enajenable, trasmisible ni susceptible gravámenes o embargos.
No considero que este sea ni el espacio ni la oportunidad más adecuada para entrar en el análisis de la norma. Ni tampoco para preguntarnos cuando se habla de la preexistencia de los pueblos indígenas argentinos, qué se entiende como momento o mojón que la señale, y si esa descripción alude a los que en la actualidad se mencionan como pueblos originarios. Y mucho menos entrar en la discusión si los mapuches pueden válidamente considerarse como tales, sin que lo sean o no vaya en desmedro de sus derechos que la Constitución les reconoce como argentinos en el caso de que lo sean y así se sientan, aunque de cualquier manera como habitantes. En cambio es necesario apuntar que resulta censurable que no se haya avanzado en una reglamentación del régimen allí instaurado. Algo que por otra parte no nos debe extrañar, dado la incuria sistemática en cumplir con mandas específicas de este tipo en relación a otras instituciones creadas por la Constitución.
Hacemos aparecer en escena a los Charrúas
Es por eso que para evitar rispideces, aunque mirando lejos y no en espacio, resulta oportuno hacer referencia a la cuestión charrúa que ha aflorado del lado oriental del río, sin la virulencia presente en la de los mapuches, y no totalmente obturada como sucede en el caso de nuestros compatriotas indígenas del noroeste.
Es así como un periodista ha publicado en un diario europeo una larga y pormenorizada nota sobre el tema que se pasa a glosar. En ella se comienza por señalar que tras casi dos siglos confinados en un imaginario popular delimitado por los relatos de sus colonizadores, los charrúas reaparecen para saldar cuentas pendientes. La etnia que sobrevivió a más de 300 años de colonización y a una masacre planificada se pone de pie para interpelar a un Estado cuyos cimientos reposan sobre sus ancestros. El movimiento aglutina a cerca de dos mil personas en todo el país que se identifican como charrúas. Se agrega que según la historia oficial, los indígenas se acabaron en 1831. Aquellos valientes sujetos de ojos pequeños, pómulos pronunciados y cabello negro, hasta hace poco solo permanecían vigentes en algunas expresiones populares de la cultura rioplatense como la "garra charrúa", tan usada en el ámbito deportivo para referirse a aquellos que no se dan por vencidos y luchan hasta el último aliento.
Mientras, no está demás computar que de acuerdo a información oficial del vecino país, en cuanto a la auto-identificación racial, al ser interrogados en un muestreo los vecinos seleccionados con ese objeto, a qué raza o grupo étnico creían pertenecer, se identificaron como indígenas una cifra que desde el 2005 al 2011trepó del 0.9 % de los encuestados al 5 %. Mientras que estudios de la secuencia de ADN mitocondrial, han podido establecer que por línea materna es de ascendencia charrúa 34%, de la población y que porcentajes más altos se encuentran al norte del país, en el departamento de Tacuarembó o en localidades como Bella Unión, donde los porcentajes suben a un 64% de ascendencia indígena aproximadamente.
Lo que entra en escena cuando se corre el telón de los mitos
De allí que resulte positivo que asistamos a lo que cabe considerar como la visibilización de nuestros hermanos indígenas. O sea que ellos estén saliendo de esa obscuridad que los tornaba invisibles, en parte por una inclinación casi de supervivencia, buscando pasar desapercibidos como forma de no ser discriminados y violentados, sino por la incapacidad de los que llegaron de los barcos y sus descendientes de dar cuenta de una ceguera moral que los impedía verlos y darle el trato de otros, pero iguales.
Es por eso que no es de extrañar que un estadista, en tantos aspectos tan clarividente y lúcido como es el expresidente Julio María Sanguinetti, haya podido expresar refiriéndose a los charrúas que "no hemos heredado de ese pueblo primitivo ni una palabra de su precario idioma [. . .], ni aun un recuerdo benévolo de nuestros mayores, españoles, criollos, jesuitas o militares, que invariablemente los describieron como sus enemigos, en un choque que duró más de dos siglos y los enfrentó a la sociedad hispano-criolla que sacrificadamente intentaba asentar familias y modos de producción, para incorporarse a la civilización occidental a la que pertenecemos". Reflexiones que vienen implícitamente a decir lo mismo que nuestro presidente Nicolás Avellaneda expresara, de una manera más comprensible pero igualmente censurable, en el año 1875, la necesidad de suprimir a los indios y ocupar las fronteras, y poblar el desierto, sin advertir, según se ha dicho, que suprimir es aniquilar, y hacer lo uno o lo otro es despoblar.
Pero hasta en la manera de referirnos a lo que en ambientes contestatarios se lo denomina genocidio, somos parecidos. Es así como se dice que resulta prácticamente imposible valorar con exactitud el impacto demográfico que produjo la Campaña del Desierto y sus escarceos previos, aunque el registro de enfrentamientos militares en el siglo XIX consigna las cifras de 10 656 nativos muertos en Pampa y Patagonia y 1679 en el Chaco.
Mientras en el Uruguay al hablar en términos parecidos se lo hace como lo que se conoce como Matanza del Salsipuedes. El ataque que el 11 de abril1 de 1831 se realizó contra indígenas charrúas en Uruguay, por parte de tropas gubernamentales al mando de Fructuoso Rivera, a orillas del arroyo Salsipuedes Grande, afluente del río Negro.
Algo que todos deberíamos tener presente
Efectuado ese repaso, lo primero que habría que señalar es que los descendientes de los que bajaron de los barcos, deben (o debemos) asumir el conflicto étnico vivido, el que sigue vivo, y la responsabilidad de que, como colectivo, podamos tener en él, pero al mismo tiempo no pretender valorar comportamientos y responsabilidades de ese entonces, con los más exigentes de nuestros patrones éticos actuales. Es que hacerlo así es comportarse de una manera hipócrita aunque no se tenga de ello conciencia, ya que no significa otra cosa que la utilización del pasado como arma política en los conflictos de nuestro presente, cuando lo importante es contar con el cómo experiencia histórica.
Y concluir señalando que junto a la necesidad de visualizar a los pueblos indígenas, de respetar su identidad étnica, y darle el trato que como habitantes de nuestro país se les debe dar y que lamentablemente a todos no se lo damos, no por ello cabe se los tenga como una etnia con proyección y dimensión política que signifique su conversión, sino en otra Cataluña, siquiera un Estado dentro del Estado.
Se trata de analizar, a través de un encuentro entre una sociedad estatal con otra sin estado, los procedimientos utilizados por los agentes estatales para imponer la legitimidad de una dominación y de un ejercicio centralizado de la fuerza pública.
