México: impunidad cero
El número cero se ha puesto de moda en distintas latitudes, con el objeto de mencionar la meta de programas gubernamentales con los que se aspira a lograr la reducción de graves y hasta endémicos males sociales a su mínima expresión. Ejemplo sobresaliente de esa circunstancia lo tenemos en lo que por ahora no es un único programa, sino una serie de programas convergentes, que bajo la consigna Pobreza Cero intentan, sino erradicar totalmente, al menos abatir al máximo esa maldición en nuestra sociedad.
En México, por su parte, se da en el caso de una organización no gubernamental que lleva el nombre de Impunidad Cero, y de la que se conoce un reciente informe acerca del estado catastrófico que en materia de esclarecimiento de delitos se vive en forma endémica en esa sociedad. Ello, a pesar de que -dentro del virtual estado de guerra interna que existe en ese país como consecuencia de una ininterrumpida contienda sin cuartel protagonizada por ejércitos rivales de narcotraficantes- se señala que en distintos Estados de esa nación aparecen pequeñas señales esperanzadoras.
Considero de interés, dentro del contexto del tema de esta nota, presentar una apretadísima síntesis de ese informe, ya que si la situación del delito en nuestro país no alcanza los ribetes de la realidad mexicana, de cualquier manera se dan situaciones que guardan un no lejano parecido con ella.
Es así como en el informe al que aludo se señala que en México, donde se resuelven menos del 1% de los delitos, la impunidad radica en las deficiencias de la investigación criminal. Ello es consecuencia de que la capacidad de investigación en el país se ha deteriorado con el paso del tiempo y hay tanta desconfianza en las autoridades que el 93,6% de los delitos no se denuncian.
Se expresa además en el mismo informe, como prueba de ese aserto que el año pasado, 29 millones de delitos no se denunciaron. Esta llamada cifra negra se debe a que el proceso para presentar la queja es muy lento o complicado. El tiempo promedio puede ser de hasta cuatro horas. Ello es consecuencia que los ministerios públicos, los encargados de esclarecer los ilícitos son el cuello de botella del sistema, si se tiene en cuenta el número de causas que cada uno de ellos tiene para investigar, a pesar del bajo porcentaje de los delitos denunciados.
Por otra parte como broche de lo expresado se señala que un aspecto fundamental para evaluar el desempeño de las procuradurías es la capacidad de respuesta y la efectividad en el esclarecimiento de los asuntos que les son turnados. La entidad con el mayor grado de efectividad en la resolución de las investigaciones es Nayarit. La función del ministerio público es clave, ya que es quien determina si hay o no delito que perseguir y si hay un probable responsable.
El sistema penal acusatorio en vías de instalación en nuestro país
No es esta la oportunidad de efectuar una descripción completa de ese sistema, que ya está vigente en nuestra provincia y en vías de ser adoptado en todo nuestro país, sino tan solo hacer referencia a que por el mismo, la investigación del delito está a cargo de los fiscales que conforman la estructura del Ministerio Público. Fiscales que en cada caso que se les asigne asumen el rol de conductores de la investigación, coordinadores de las fuerzas de seguridad con la que están vinculados así como de los Servicios Periciales, para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió.
Con lo relatado se puede comprenden la importancia de esos funcionarios en la lucha contra la impunidad, y el hecho que en la Constitución Nacional luego de la reforma de 1994, por lo autónomo que el sistema resulta respecto a los otros tres poderes del Estado, se le haya dado la categoría de un extrapoder.
La crisis en el sistema judicial federal
No se trata al respecto de ir muy atrás (aunque podría hacerse), pero lo que es cierto es que después de la instalación del régimen constitucional en 1983, la práctica de contar con jueces amigos y fiscales de iguales características (con todo lo que ello significa) comenzó con la llegada de Carlos Saúl Menem al poder. Es así como se ha hecho popular la referencia a los jueces de la servilleta, en alusión a la manera como se escribían los nombres de candidatos a jueces federales al fin de acotados almuerzos en el riñón del poder, a lo que se agregan los manejos de que se valió el mismo presidente para contar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una mayoría automática. De lo que se trataba es de contar con la justicia para hacer buenos negocios desde el gobierno (y muchas veces con el gobierno) además de garantizar impunidad.
Una situación que no solo no se modificó sino que adquirió las características de una máquina bien aceitada durante la llamada década ganada, respecto a la cual la mejor descripción del estado de cosas que se vivía realmente en ese momento son las inventivas con las que la expresidente intenta, infructuosamente, defenderse en la actualidad en su recorrido por los pasillos de los tribunales, inventivas que son con seguridad inspiradas en la forma en que ella misma actuaba.
No es de extrañar entonces que dentro de ese contexto el ex vicepresidente Boudou, en los primeros escarceos del conocido caso Ciccone por el que el mismo actualmente está siendo juzgado, haya arremetido -y expelido de su asiento- contra nada menos que el Procurador General de la Nación, con una prepotente exhibición de poder fáctico. Y que después de eso, luego de algunas idas y vueltas, lograra alinear los muñecos de manera que el cargo del lanzado, fuera ocupado por Alejandra Gils Carbó.
No voy a entrar en la valoración de la gestión de la nombrada al frente de la "Procuración General de la Nación" (o sea fiscal mayor y por ende jefe de todos los fiscales federales), de la que puede decirse sin temor a equivocarse que estuvo encaminada a convertir a la Procuración en un apéndice flexible del Poder Ejecutivo.
Sino señalar el hecho que, acorralada por la actual presidencia y un número importante de legisladores, y procesada judicialmente por su supuesta participación en un escándalo de exorbitantes comisiones pagadas en ocasión de la compra de la actual sede de esa procuración, negoció su renuncia, condicionándola al cumplimiento de tres exigencias. Hacer la visita programada al Vaticano, lo que ya ocurrió; no ser separada del cargo hasta después de poder efectuar presentaciones como la que llevó a cabo ante el Vaticano ante pares de todo el mundo, dando cuenta de lo que se supone es la cara buena de su gestión; que se le otorgara después de ello licencia remunerada hasta fin de año (algo así como la licencia hasta la baja que obtenían algunos conscriptos) amén de que se completara rápidamente el trámite jubilatorio que llevó menos de veinticuatro horas en culminar con el otorgamiento del beneficio.
De esa manera la vemos actuando de forma infatuada, como una caprichosa chica de quince años preparando su cumpleaños. Cuando lo que en realidad ha hecho es exigir un entierro vistiendo una mortaja con bolsillo. La pregunta que queda flotando es si una persona que da cuenta de actitudes de este tipo, ¿estuvo algunas vez en condiciones de ocupar el alto cargo para el que fue designada?
En nuestra provincia: el caso García
La misma pregunta cabe hacerse en el caso de Jorge Amilcar, Coqui García, quien ocupa el cargo de Procurador General del Superior Tribunal de Entre Ríos. El que ha actuado en ocasión de celebrarse un juicio penal en el que se tenía por acusado a un conocido dirigente del justicialismo provincial, el diamantino Raúl Taleb, exlegislador provincial y naconal, embajador argentino en Cuba, amigo de todo peronista en el poder, desde Busti a Kirchner, pasando por Menem y Duhalde, y al que por su paso prolongado por la función pública, le tocó bailar con unas malas.
Lo realmente curioso es que para disimular hasta invisibilizar el mal trance de Taleb en el juicio y en lo que cabe considerar como una impensada declaración, pero de cualquier manera más efectiva que si hubiera sido preparada (ya que no se puede hablar de cometer lo que se hace sin querer) el Procurador García, al irse de boca en el contexto de la situación por la que atravesaba el imputado, consiguió que la opinión pública terminara atendiendo a sus dichos y. . . se olvidara de Taleb.
¿Y cuáles fueron los dichos de García que provocaron un fugaz incendio? Al pedir en el marco de una audiencia de Casación en la que Taleb solicitaba del Superior Tribunal de la provincia la revocatoria de una condena que se le impuso en el año 2016 por enriquecimiento ilícito, al mismo tiempo que el rechazo del recurso y la confirmación de la condena, el doctor García, a estar a una crónica de lo sucedido, se preocupó, en gran medida, de apuntar duramente contra el actual presidente Macri. Fue cuando dijo entre otras cosas y en referencia al gobierno nacional que "esto no es quizás los Panamá Papers, por lo cual deberá responder el actual Presidente por sus vinculaciones a los ilícitos y tampoco es el blanqueo de millones de dólares de las empresas del Presidente; ni tampoco es el "Macri-caputismo" (en relación al empresario amigo del jefe de Estado nacional, Nicolás Caputo), por eso la desesperación por sacarla a la Procuradora General; porque tiene los datos de Odebrecht y el Lava Jato y todas las empresas que pertenecen al señor Presidente, y no va a poder decir, como dijo en el caso del Correo, volvemos a foja cero".
Algo que lleva a otra pregunta: ¿qué tienen que ver las supuestas andanzas de Macri y algunos de sus funcionarios con el juicio contra Taleb? Porque de eso se trataba. Y aunque la audiencia aludida ya pareció haberse transformado en un verdadero entrevero desde el momento que el defensor de Taleb, en defensa de su cliente, argumentara entre otras cosas y minimizando lo que suponía era el delito de su cliente que comparado con los bolsos que López arrojó por encima de los muros de un convento, la acciones de Taleb eran apenas un robo de gallinas. Con lo que se puede sacar la conclusión de que no está, al menos del todo, mal eso de robar gallinas (¡!)
Una puntualización: dejando de lado la especulación que he efectuado más arriba, cabría preguntarse si no nos encontraríamos ante una forma de procurar cocer habas buscando donde no las hay. Y señalar un olvido: la omisión de reclamar la aparición con vida del pobre Santiago Maldonado.
De donde cabe concluir que investigar a los funcionarios de la llamada década ganada, con Gils Carbó en los tribunales hubiera sido lo mismo que enfrentarse al mismo tiempo a los defensores de los encausados y al dueño de la acción pública, lo que lleva a pensar ¿qué es lo que puede pasar aquí si se debe avanzar en esa infinidad de causas de las que debe hacerse cargo Sergio Urribarri, familiares suyos y otros miembros de su elenco estable?
La situación es clara: necesitamos jueces intelectualmente bien formados, que a la vez sean dedicados prudentes y probos. Y fiscales con las mismas características. ¿Los tenemos? Una respuesta elusiva es decir que, mientras esa ristra de funcionarios no logre ser creíble por el pueblo, todo será complicadamente difícil.
