De cualquier manera remedando ese dicho, el que, al menos para nosotros, es de autor anónimo, o cuando menos ignoto; cabe afirmar que, más a la corta que a la larga, todos los sistemas jubilatorios sufrirán la misma suerte, al menos en la forma que actualmente los conocemos.
La explicación de que así ocurra es bien sencilla, independientemente del hecho que "el sueño del pibe" –por supuesto inalcanzable- sería el de nacer ya jubilado, y si es posible con una jubilación de privilegio en cuanto al monto. De esa misma categoría que, a estar a información reciente, perciben los magistrados judiciales, y en especial los miembros de nuestro máximo tribunal federal. Esto último si se tiene cuenta, para hacerse una dimensión de su monto, que en la prensa crítica de esa situación no se lo menciona en pesos sino indicando que con lo que cobran los altos jueces ya retirados, están ni más o menos que en condiciones de adquirir un automóvil cero kilómetro mediano mes a mes.
Claro está que, afortunadamente, al menos la mayoría de ellos no dan cuenta de esa obsesiva necesidad de coleccionar automóviles de alta gama; como hay que reconocer que, sin embargo, en esa categoría participan algunos, junto a alguna cocinera de algún ex ministro, y los capo-mafia de la droga de todas las latitudes.
Aunque también aquí queda ejemplificado ese fenómeno que los economistas y sociólogos mencionan como "la tendencia secular a un creciente aumento en la distancia social", o sea entre los cada vez relativamente menos que tienen cada vez más y los que realmente tienen menos. Algo que cabría describir como una mayor amplitud en la "brecha" social, la que no hay que confundirlo con la "grieta", que es una cosa muy distinta.
Para decirlo de una manera más gráfica todavía, habría que señalar que si los altos jueces jubilados ganan el equivalente a un automóvil cada mes, a los que están en lo bajo de la pirámide o de la escala de la masa jubilatoria, jubilados del fondo del cajón, apenas les alcanza para adquirir un monopatín – esta vez de alta gama-, aunque en realidad ni falta que les hace, ya que creemos nadie ha visto a un jubilado moverse utilizando ese adminículo.
Pero en realidad, no puede achacarse a los jubilados de privilegio, la vaticinada muerte de los sistemas jubilatorios, por más que ellos sean responsables de "una pequeña ayudita" en esa dirección. No constituyen nada más que una "anomalía pequeña", frente a otra de mayor envergadura.
La que no es siquiera, esta vez, la "ayuda grande" sino otra preocupante anomalía consistente en el despilfarro de fondos de algunas cajas, por su aplicación a otros destinos. Destinos en algunos casos, como la asignación universal a las personas ancianas, en nuestro país disfrazada de moratoria, que ha permitido el asalto a los fondos aportados por trabajadores y patrones. Todo ello independientemente del hecho que abonar una asignación universal por vejez sea una medida de total equidad, con la sola salvedad que no puede colocarse su carga sobre las espaldas de los fondos que han aportado otros para poder jubilarse.
Ya que la "anomalía mayor" y la que verdaderamente importa -lo cual no significa que se deba cubrir con un baño de legitimidad y de justicia a las otras- tiene que ver con la edad en que se puede acceder a ese beneficio.
Situación que se agrava cuando, para obtenerla, se pueden compensar años de aportes en exceso con años de edad, lo que permite "jubilaciones tempranas" o lisa y llanamente tempranísimas, tanto que son otorgadas a personas que apenas han llegado a los inicios de una espléndida madurez.
Dicho de nuevo de otro modo, en el mundo actual se asiste a un aumento persistente en nuestra esperanza de vida, algo que indudablemente es una buena noticia que se constata con la existencia de un grupo cada vez mayor de personas que cumplen los cien años, junto a una creciente cantidad de otras que, sin llegar a tanto, conforman un voluminoso número de personas de edad madura. Algo que se traduce en el hecho que lo que fue axiomático en otras épocas, cual era que se suponía que se requería el aporte de cuatro personas, para mantener a un jubilado; ello posiblemente sin dejar de ser cierto se enfrente con la cruda realidad de que en la actualidad por cada jubilado hay al menos sino dos personas que trabajan, o dicho en forma más precisa, dos personas que aportan a las cajas aunque sean más las que trabajen.
De allí que no resulte extraño que el parche primero que se vislumbra en el horizonte –ya que no es una verdadera solución al problema- es el incremento de la edad que se debe alcanzar para poder jubilarse.
Y todo lo hasta aquí señalado tiene, entretanto, como finalidad encuadrar la situación del sistema jubilatorio de nuestra provincia, el cual para que se tome conciencia de su precariedad, basta con aludir al hecho que el déficit de la Caja de Jubilaciones es equivalente al déficit anual del que da cuenta el presupuesto total de la provincia.
Es por ello que resulta adecuada la referencia a la explicación que de esa situación se efectúa en un informe oficial en la materia en el que se indica que la nuestra "es una población jubilada relativamente joven, no sólo porque tienen edades de acceso por debajo de la Nación (57 y 62 años) sino que además permiten la compensación inversa (exceso de años de aporte con edad faltante), lo que resulta en jubilados aún más jóvenes que los que la legislación provincial exige." Con el agravante que a esto se añade el pronóstico que "esta mayor permanencia en el sistema hace que el déficit sea creciente".
Todo lo cual ya se hace notorio en una "desarmonización" existente (algo que desde el gobierno central se denomina "aspectos pendientes de armonización") entre el régimen nacional y el provincial en materia de jubilación ordinaria. Ello así ya que en la nación la edad jubilatoria es para la mujer los 60 años y los hombres 65, mientras que en la provincia, tanto las mujeres como los hombres, pueden jubilarse tres años antes. A su vez, distinta también es la forma en que se determina el haber, ya que en la provincia es igual al 82% del sueldo promedio de los últimos 10 años y la movilidad de ese haber sigue de la mano de los incrementos del salario del personal provincial en actividad, mientras que en la nación el salario es equivalente al 45% del mismo promedio más el PBU mientras que la movilidad es el resultado de una mezcla entre índices de variación salarial y de la recaudación de los tributos previsionales.
Dos preguntas finales buscan, seguramente sin conseguirlo, con un poco de impertinencia salpimentar este relato. La primera ¿la jubilación reclamada y concedida contempla el sexo o la orientación sexual?
La segunda ¿por qué en este caso los empleados públicos provinciales al jubilarse no se movilizan ante la desigualdad de sus pares nacionales?
