Según es habitual se lo presentó como una novedad, aunque se lo viene reiterando desde hace cinco años. En un principio (mayo 2010, vísperas del bicentenario) el anuncio oficial lo denominó plan de desendeudamiento para aliviar las finanzas provinciales. Se reiteró el concepto cada vez que periódicamente se formalizó un nuevo acuerdo, pero nunca hubo tal desendeudamiento. Siempre fue una refinanciación. Por lo general se lo presentó como un gesto demostrativo de la buena disposición, la condescendencia o la generosidad del gobierno nacional con las provincias
Tiene toda la apariencia de un arreglo ventajoso para los ajustados presupuestos provinciales. Unos más, otros menos, todos tambalean con la cincha ajustada. Una prórroga -de eso se trata en definitiva- no viene mal. Sucede, sin embargo que la Nación concede la gracia de refinanciar deudas provocadas por el mismo gobierno central al quitarles a las provincias fondos genuinos que a estas pertenecen.
¿Cuánto debemos?
El ministro de Economía, Diego Valiero, comentó el nuevo convenio de estos días, explicando que ahora la deuda será reembolsada en 183 cuotas. El primer pago se realizará el 30 octubre y tendrá un 6 por ciento de interés anual. Confirmó que estos acuerdos en los últimos tiempos se firman trimestralmente y corresponden a las deudas refinanciadas en el primer convenio de 2010 que hemos citado.
Y a todo esto ¿cuánto debemos los entrerrianos? Al Estado nacional 3.006 millones de pesos, según las cuentas de Valiero. No hay motivos ni datos para ponerlo en duda. Pero no es la única deuda. La suma total es de aproximadamente 11.000 millones de pesos, calculó el ministro. Para unos puede ser un monto excesivo, para otros normal. Lo importante es que, pesos más, pesos menos, fuera de cualquier discusión, anda rondando la cifra que el gobierno nacional le ha quitado a Entre Ríos desde el recordado Pacto Federal (¡vaya ironía!) del 12 de octubre de 1992, ideado por Cavallo, respaldado por Menem y defendido tenazmente por muchos de los actuales kirchneristas en sus tiempos de menemistas, incluida la Presidenta, el actual gobernador por entonces diputado y unos cuantos funcionarios de hoy.
Una breve historia
Una breve historia lo aclara mejor. Los fondos coparticipables derivados de los impuestos nacionales, muestran la más clara evidencia de la tendencia centralista y unitaria del Estado nacional.
La primera ley de coparticipación data de 1935. Su voracidad era abrumadora porque sólo destinaba el 18% para distribuir a las provincias (claro que los tributos nacionales no eran tantos como hoy y no existía el IVA). Con el tiempo el índice fue objeto de correcciones. En 1949 se lo llevó al 51% y en 1988 al 54% mediante la ley 23.548 aún vigente.
Este último índice fue recortado en un 15% por Menem y Cavallo para financiar el sistema previsional estatal, cuyo déficit había crecido por la creación de las AFJP. Estas entidades desaparecieron en 2008, pero el gobierno central mantiene el recorte.
Como consecuencia de esos manejos, las provincias reciben menos dinero en términos relativos desde hace 22 años. Queda claro que el alivio financiero de este desendeudamiento o refinanciación que acaba de firmarse, no es otra cosa que plata quitada a las provincias mediante el regateo constante de fondos genuinos que a ellas pertenecen. Es evidente que el Estado nacional les está refinanciando una plata que les quitó durante años. Si a esto se añaden las operaciones no coparticipables (impuesto al cheque, entre otras), es fácil de entender la distorsión.
Mientras tanto persiste el incumplimiento de la Constitución Nacional de 1994 que en su sexta disposición transitoria ordena elaborar un nuevo régimen de coparticipación antes de finalizar 1996. El atraso pronto cumplirá 20 años. Y no hay nueva ley de coparticipación.
