La diferencia es importante. Se puede alegar que se trata de un negocio, donde los valores suelen responder a negociaciones (tironeos en la jerga popular), pero en este caso se trató de una licitación; es decir, un monto establecido y firmado por el comprador en carácter de oferta.. Cierto es que primero se habló de 90 millones y la historia terminó en 111 -vaya a saber cómo y por qué-, de todos modos lejos de los 180 calculados.
De estas cuestiones se informa poco y nada, ya se sabe. En cambio se conoce que las dos unidades productivas pasaron desde esta semana al dominio del consorcio integrado por las empresas Cartipam SA y En Premieur SA. La primera es una compañía de capitales chinos afincada desde 2002 en General Pico, La Pampa, dedicada a la producción de insumos para la industria farmacéutica con incursiones en el mercado de carnes; la segunda es integrante de la Ganadera Cañuelas SA.
A un grupo de diputados opositores se le ha despertado la curiosidad y quiere saber, entre otras cosas, cómo se estableció el valor de las empresas privatizadas. De paso sería interesante conocer cuánto nos costó a los entrerrianos sostenerlas durante 3 años y 10 meses (Cotapa) y 2 años y 3 meses (San José) para volver al principio con todo igual. O peor.
Algo para recordar
La última privatización resonante en nuestra provincia, en pleno auge del menemismo, fue la del Banco de Entre Ríos. El poder central, a cargo del binomio Menem-Cavallo, había cercado a los bancos provinciales. Privatización o ruina, era la alternativa. Unos pocos lograron zafar, entre ellos el Banco de la Provincia de Buenos Aires. El BER terminó poco menos que regalado por el gobierno de Moine y sus legisladores (Urribarri diputado).
El primer paso en 1993, consistió en convertir el banco estatal en sociedad anónima. En octubre de1994 y en sólo 24 horas, entre gallos y medianoche, a la disparada, para que nadie osara alterar la paz de las sagradas bancas, la Legislatura aprobó la venta del 60% del paquete accionario. El Estado quedó con el 40% .
Tras una licitación tan rápida cono aquellas sesiones legislativas, el paquete mayoritario le fue adjudicado a dos bancos cooperativos: el BIC y el Coopereste a cambio de 15 millones de pesos. Aunque en ese tiempo eran dólares (uno a uno), varios expertos opinan que los compradores apenas pagaron el edificio de la casa central. El resto del patrimonio, la operatoria y los antecedentes, formaron parte del obsequio para constituir el Bersa.
Como si eso fuera poco, una jugada maestra de los compradores a sólo 45 días de haberse hecho cargo del banco, achicó aún más la participación del Estado. El gobierno (ya estaba Busti, segundo período) y los legisladores (continuaba Urribarri) se enteraron por los diarios. El movimiento consistió en la súbita ampliación del paquete accionario llevándolo a 50 millones de pesos. Al Estado no se le consultó y tampoco podía poner un peso. La participación estatal se redujo entonces en un santiamén al 20%. Y a cantarle a Gardel.
Otras maniobras, como la transferencia al Estado de deudores incobrables, distinguieron a esa época privatizadora con un perfil imborrable.
¿Y el banco provincial?
La historia siguió rodando. El Bersa también. En 1999 fue comprado por el Bisel, representante en la Argentina del Credit Agricole de Francia. Los nuevos propietarios no aguantaron el sacudón de 2001 y se fueron sin despedirse. El Banco de la Nación se hizo cargo hasta que llegó Néstor K y en 2005 lo licitó a favor del grupo Petersen, encabezado por Enrique Eskenazi, amigo del ex Presidente y propietario a la vez de los bancos de Santa Cruz, San Juan y Santa Fe, además de acciones de YPF.
Desde el 15 de setiembre de 2005 el Nuevo Bersa es agente financiero del Estado. Se le concedió tal carácter por diez años, mediante un decreto. No hay que pensar mucho para advertir que dentro de diez meses y 19 días vence esa concesión por la cual el banco maneja todos los dineros del Estado, recibe la coparticipación, la incorpora a sus arcas, cobra impuestos, paga sueldos, jubilaciones, acreedores, contratistas, en fin, lo que raye.
De ida y de vuelta pasa por sus arcas toda la plata de los entrerrianos sin que se le escape un peso.
No es gratis. Este año se calcula que el nuevo Bersa percibirá no menos de 145 millones de pesos. El año pasado Entre Ríos pagó 99,7 millones por un servicio que, para el usuario o contribuyente, es incómodo y deficiente. Algo ha mejorado en los últimos meses con la apertura de bocas de atención fuera de las casas bancarias, pero sigue siendo pesado y caro.
Lo curioso es que el Nuevo Banco de Santa Fe, también de Eskenazi, no le cobra a su provincia sino que le paga. Este año la entidad bancaria le abonará al Estado santafesino más de 56 millones de pesos por su carácter de agente financiero. Hasta hoy nadie ha podido explicar por qué razón Entre Ríos paga y Santa Fe cobra el mismo servicio.
No sólo hay que hablar de estas cosas en público y promover el debate, sino también actuar. Será el papel de los legisladores. ¿Qué ocurrirá en setiembre próximo con el agente financiero? ¿Hay tiempo para crear antes un banco estatal? ¿Se barajan otras alternativas?
No olvidar la Constitución de Entre Ríos renovada en 2008 (art.74): El Estado creará un Banco de la Provincia para contribuir al desarrollo de sus sectores productivos y canalizar el ahorro público y privado Será banco oficial y agente financiero del Estado
¿Cuándo atenderemos estas cosas fundamentales? Sólo se reclama trabajar en serio.
