Sociedad

Juzgan por falsificación de documentos al "jardinero K"

Ricardo Barreiro -presunto concesionario de un spa en San José- comenzó a ser juzgado en los tribunales de Paraná, presidido por el juez correccional Pablo Vírgala, por el delito de falsificación ideológica en documento público.
El Código Penal establece de 1 a 6 años de prisión para ese delito.

Quien se hizo conocido en los medios nacionales con el pseudónimo de "Jardinero K", está acusado de omitir en octubre de 2012 -en la declaración jurada que suscribió para inscribir su empresa RP Transporte SA en el registro de proveedores del Estado entrerriano- su condición de funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación, designado por un decreto de agosto de ese año firmado por el entonces gobernador Sergio Urribarri y el exministro Pedro Báez. A la designación, que se formalizó con carácter de ad honorem, se le añadió en noviembre otro decreto por el que Barreiro quedó autorizado para percibir viáticos. La incompatibilidad surge porque RP Transporte SA ganó una licitación pública del Ministerio de Turismo, entonces a cargo de Hugo Marsó, y en diciembre de 2012 cobró $220.000 por el alquiler de micros que se usaron para llevar alumnos entrerrianos a Tecnópolis.

Para la acusación, ejercida por el fiscal Alejandro Joel Cánepa -dado que Rafael Cotorruelo fue designado en las últimas horas en la vocalía del Tribunal de Juicio y Apelaciones que quedó vacante por la asunción de Miguel Giorgio en el Superior Tribunal de Justicia- la conducta descripta encuadra en el delito de falsificación ideológica de documento público tipificada en el artículo 290 del Código Penal.

"Soy empresario de transporte y de turismo, pero también peronista y militante de años, no lo voy a negar", se presentó Barreiro, antes de contar que en el ámbito de la militancia conoció a Sebastián Lorenzo, a quien describió como "un compañero al que aprecio mucho". Tras relatar distintas etapas de la relación que, según dijo, comenzó cuando Lorenzo estaba al frente de la Escuela Nacional de Gobierno, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, en tiempos en que Aníbal Fernández ocupaba ese cargo, en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Barreiro llegó al momento en que Lorenzo le comentó que iba a trabajar en Entre Ríos y le pidió ayuda.

"Arrancaba con este proyecto nuevo de las industrias culturales y no tenía ni oficina, ni celular, ni nada, así que me ofrecí a ayudarle con gestiones diversas para lo cual fui varias veces a Entre Ríos en avión, en colectivo o en mi auto, sin recibir un solo peso a cambio. Vine, colaboré, hice gestiones que dieron resultado, por eso me pone triste esta situación", relató, según publica Análisis Digital.

Barreiro contó luego que Lorenzo le comentó la posibilidad de brindarle algún instrumento que le evitara cuestionamientos a la hora de gestionar en nombre de la provincia, pero él se negó. "Le dije que no quería nada, que iba a colaborar de todas maneras. Yo soy empresario y no necesito que la provincia de Entre Ríos me pague nada", reforzó.

Más adelante indicó que tenía micros ociosos en su empresa, que se enteró de una licitación pública del gobierno de Entre Ríos y que decidió comprar el pliego. "Ya estando en El Calafate, me llamaron para decirme que tenía que estar inscripto en el registro de proveedores, así que tuve que volver a Paraná para hacer ese trámite", recordó.

"Me presenté y me dijo la funcionaria que había que firmar un formulario. Yo ni supe qué era una declaración jurada. Como no sabía nada sobre mi supuesto nombramiento, firmé el formulario, que ya estaba hecho. Lo único que hice fue firmar", insistió Barreiro, al tiempo que se quejó que no es su letra la de la declaración jurada, sino que él firmó solamente la última hoja. "Quiero que se tenga en cuenta eso, señor juez", pidió. Luego consideró que quien lo atendió debería haber determinado en ese momento si él era funcionario o no, pero "nadie dijo nada, absolutamente nada".

Barreiro señaló luego que cobró menos de lo que costaba el servicio, que le devolvieron los micros sucios y rotos y que incluso debió pagar una multa de $7.000 por no presentar una garantía. "Aún así no reclamé nada, entendí que los transportados eran chicos, retiré los vehículos y me fui a mi casa", sostuvo. "Me siento orgulloso que 2.000 y pico de chicos hayan conocido Tecnópolis. Eso me hizo bien como persona. Pero ahora se me juzga por una firma, sin tener en cuenta el beneficio para la provincia", hizo notar.

"Considero que todo esto es una falacia. ¿Les parece justo que yo esté sentado acá? En algún momento alguien tendría que haber sabido que yo era funcionario. Pero no. Me enteré por un abogado de acá que se convirtió en periodista de investigación, tomó esos documentos y se enteró antes que yo de que yo era funcionario", expuso, en relación al letrado parananese Guillermo Mulet, denunciante en la causa.

"Yo me enteré por los medios. ¿Esto no es persecución política? Si yo fuera de acá quizás nadie se hubiese preocupado de esto, pero como vengo con una carga política, se ocuparon de esto para producir daño", objetó nervioso, antes de insistir con que nunca fue notificado de ninguna designación como funcionario. "Me enojé mucho con Lorenzo cuando sucedió todo esto. No quiero ser grosero, pero me molesté mucho", confió luego.

Consultado sobre la licitación, dijo el imputado que se enteró "en un viaje a Entre Ríos", ya que su empresa "busca estas cosas". "Alguien me dijo, pero no me acuerdo quién. Compré el pliego como cualquier hijo de vecino", expuso. Luego, se le preguntó si conocía a un funcionario de nombre Aníbal Beorda y respondió que lo conoció "en la Secretaría de Turismo", pero negó tener relación. "Solo le pedí un informe sobre cómo funcionaban algunas cosas", explicó, antes que el fiscal le exhibiera un documento en el que Beorda figura como la persona que compró el pliego para la licitación. Sobre el final de la audiencia, en una breve ampliación, Barreiro admitió que conocía a Beorda, pero por su apodo "Anibalito" y de este modo intentó aclarar la confusión.

Durante la audiencia prestó declaración testimonial el actual diputado provincial Pedro Báez del Frente para la Victoria, por entonces ministro de Cultura y Comunicación. A pedido del fiscal, explicó qué es el Ceicer y describió sintéticamente el organigrama de la cartera a su cargo y el volumen de trabajo, al que describió como "febril".

Sobre la causa, dijo saber: "hay un cargo respecto de alguna incompatibilidad que podría haber habido para que el señor Barreiro sustanciara algún contrato con el Estado provincial, dado que en 2012 formalizamos una relación que vehiculicé a instancias del entonces titular del Ceicer, que me planteó que le diéramos alguna institucionalidad al rol de Barreiro en términos de facilitador de gestiones ante el gobierno nacional. Ese rol sería a título gratuito, por lo que me pareció que no revestía ninguna objeción, lo gestioné ante el Poder Ejecutivo y se sancionó el decreto correspondiente", sintetizó.

Báez dijo que a Barreiro se lo presentó Lorenzo e indicó: "como todos saben, Barreiro es un hombre que proviene del sur, donde compartió tareas con el expresidente (Néstor) Kirchner, por lo que tenía llegada y muchos conocidos en el Estado nacional, lo que fue determinante porque desde el interior muchas veces se nos hace difícil gestionar".
Barreiro y el spa en San José
En octubre de 2016, entrevistado para El Entre Ríos, el senador departamental, Pablo Canali -expresidente municipal de San José-, había explicado de qué forma habían sido adjudicados unos terrenos del complejo termal donde funciona un spa, de los que Barreiro sería adjudicatario.

"A nosotros se nos presenta en ese momento el ministro de Cultura de la provincia, Pedro Báez, diciendo que tenía gente conocida que quería invertir en servicios turísticos en la zona y se le da el mismo recibimiento que a tanta gente que ha venido a invertir. Las personas que llegaron eran de apellido Maratta y Gorsch; esto fue en el primer semestre de 2012. Querían comprar una hectárea cerca de la playa; les dijimos que no teníamos a la venta más que el sector para hacer hoteles en las termas y que el precio de referencia de un terreno de 10 por 25 en esa zona era de 160-170 dólares el metro. Se espantaron del valor y consideramos que no había nada para seguir charlando en cuanto a un negocio inmobiliario con la municipalidad. Nosotros teníamos autorizada por el Concejo Deliberante la venta de terrenos dentro del loteo termal, pero ellos buscaban un predio más grande. A raíz de eso los contacté con dos privados que tienen lotes sobre el río; desconozco los motivos pero no pudieron ponerse de acuerdo", dijo.

Canali contó que "después de tres o cuatro meses aparecieron nuevamente con la idea de comprar en la municipalidad; les dijimos que no y que ante una iniciativa privada como era esa, solamente podíamos ofrecer un lote de aproximadamente una hectárea, que de ninguna manera se podía adjudicar en forma directa sino a través de una licitación. Se llamó entonces a una licitación pública que todo el mundo conoció y vio, lo que pasa es que con lo fácil que es hablar se escuchan las barbaridades que se dicen".

"Compraron el pliego ellos y una segunda persona que no recuerdo quién era. Oferta hubo una sola, lo cual no los hacía acreedores de nada; se les adjudicó porque cumplían las condiciones que se planteaban en el pliego, pero con el condicionamiento que en la oferta pedían 15 años de licitación con opción a compra y desde el Ejecutivo se les dijo que se les podía dar 10 años y sin opción de compra y que si aceptaban esas condiciones se les podía adjudicar. El canon quedó fijado en ese momento en $3.000 mensuales, ajustable; hoy es de casi 8 mil pesos mensuales".

Y finalmente agregó: "la adjudicación que tiene la municipalidad es con la empresa LFB, que estaba a nombre de Maratta y Gorsch; Barreiro no aparece en la licitación. A fines de 2014 o principios de 2015 aparece un papel donde LFB decía que firmó convenio con una empresa para que comercialice el destino turístico, no como socio. Les dijimos que no había problema porque no transgredía las condiciones del contrato, pero que ambas debían inscribirse en la tasa de comercio de la municipalidad y así fue. A Barreiro lo comenzamos a conocer en el 2014 cuando todo el mundo empezó a hablar de quién era y las denuncias que tenía en su contra por la doble función".
Fuente: El Entre Ríos (edición impresa)

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