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En los últimos días, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en manos de la Justicia Federal una denuncia para que se investiguen las maniobras de evasión fiscal que llevaba adelante una organización empresaria liderada por Miguel Marizza, principal destinatario de las obras públicas en Entre Ríos.

Las maniobras investigadas apuntan a develar el vínculo con el financiamiento de la campaña electoral de Urribarri. Pero la causa se extiende al proyecto de Marizza en Concepción del Uruguay, ya que se pretende investigar el control del juego como vía para el lavado de estos fondos espurios que difícilmente puedan explicar de dónde salen.

La causa AFIP

La investigación de AFIP llevaba más de un año detrás de la pista de las maniobras de lo que se considera una asociación ilícita. Allí están involucrados varios estudios jurídicos y contables de Paraná y Buenos Aires con la participación activa de Marizza y otros empresarios entrerrianos.
Las maniobras de evasión incluyen la emisión de certificados de retención declarados por otras empresas para ser computados como pagos a cuenta de impuestos, con los que se evadieron más de 160 millones de pesos según las estimaciones de AFIP. La operatoria utilizaba una cooperativa de transporte de mercadería, de nombre “Alianza Empresaria”, con la que se disfrazaba la contratación de casi 500 empleados cuyos aportes no eran pagados.

El operativo y los allanamientos conjuntos desbarataron la operatoria, secuestrando más de 120 cajas con documentación y varias computadoras que ahora están en manos de la justicia, donde constan cientos de mails que describían con detalle la mecánica utilizada para evadir al fisco.

La lupa sobre la Terminal

El nivel de connivencia del poder empresario y el poder político emerge a cada paso, ya que entre los principales involucrados no sólo está Miguel Marizza, sino que también aparece Roberto Izaguirre Ibáñez que es hijo de la jefa del área jurídica de AFIP Paraná, la abogada Alicia Ibáñez.

A su vez, la causa avanza sobre los vínculos de esta millonaria evasión y el financiamiento electoral de la campaña presidencial de Sergio Urribarri, apuntando a Marizza como principal nexo. Por eso la justicia decidió ampliar la investigación a otras operaciones del empresario, que alcanzan al proyecto de Miguel Marizza en Concepción del Uruguay. En esta ciudad, el preferido del Gobernador desarrolla un proyecto que pretende construir una Terminal nueva que cambiará al Municipio por la actual manzana de la terminal de Ómnibus, como parte de un canje que también incluye el control de las maquinitas tragamonedas del Casino uruguayense.

En estos días, la justicia centra la mirada sobre el denominado “Megaproyecto turístico”, ya que sospechan que se trata de “la frutilla del postre” con la que esta asociación ilícita pretendía “blanquear” estos ingresos por evasión y otros que no lograba justificar.

Frenar la investigación

Las maniobras destinadas al lavado de dinero y los fondos extraordinarios que garanticen negocios millonarios a los amigos del poder se iniciaron en 2009 cuando Urribarri impulsó la denominada “Ley de Turismo”, un eufemismo con el que se autorizó el control privado de los Casinos. Desde entonces, las denuncias de ATE y movimientos ciudadanos como el de Concepción del Uruguay dejaron al descubierto que se trataba de maniobras destinadas al lavado de dinero y a garantizar grandes negocios para los financistas de las campañas electorales.

El escándalo generado por los allanamientos de AFIP tiene tan preocupado al poder político entrerriano y el círculo más íntimo de Urribarri que rápidamente pusieron manos a la obra para que la causa judicial no avance. Para ello tuvieron la suerte de contar con el apartamiento voluntario del juez Federal Leandro Ríos, que adujo tener un vínculo cercano con uno de los denunciados. De ese modo, el lobby del poder político y empresario (que también alcanza a la firma uruguayense Lemiro Pietroboni) logró que el caso quedara en manos de un amigo del poder: Carlos Orlando Saboldelli, mano derecha de la senadora nacional y amiga personal y política de Urribarri, Sigrid Kunath.

Kunath es la exsecretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno de Urribarri, que dejó su puesto para asumir como senadora nacional en 2013. Es justamente la legisladora que está dispuesta a renunciar a su banca para que Urribarri ocupe su lugar en caso que el Gobernador entrerriano se quede afuera de los cargos electivos en los comicios de octubre.

A tal punto Saboldelli, el nuevo conjuez Federal, está comprometido con el Gobierno que hasta hace 10 días ocupaba el puesto de coordinador Legal y Administrativo de la Secretaría de Coordinación de Gabinete. Este conjuez “militante”, como lo han bautizado desde Urgente 24 (uno de los pocos medios provinciales que se animó a denunciar el caso), también tiene vínculos con Miguel Marizza, con quien le atribuyen un estrecho contacto.

¿Se cae el contrato de la Terminal?

Si bien las señales indican que una vez más la justicia no avanzará demasiado con la causa, desde la Cámara Contencioso Administrativa de Concepción del Uruguay ya miran con preocupación la situación. Los antecedentes judiciales de Marizza y sus asuntos pendientes con la justicia lo ponen en un lugar cada vez más incómodo para ser contratista del Estado. Por eso, para las próximas horas se anuncia una nueva presentación de vecinos uruguayenses que acercarán a los jueces locales los pormenores de esta nueva causa, que muestra claramente lo inconveniente que resulta para el Estado avanzar en una relación contractual con el empresario Miguel Marizza, que no sólo ha incumplido con el convenio inicial de la nueva Terminal sino que ahora está denunciado por evasión al Fisco.

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Fuente: El Entre Ríos (edición impresa)

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