-Sí, uno es sobre arquitectura sostenible y procura que el Estado en sus propios edificios, sobre todo a partir de la obra nueva, contemple una serie de requerimientos tendientes a minimizar el impacto ambiental negativo que muchas veces tiene la construcción y el uso de edificio, desde el ahorro y uso racional de la energía, los recursos hídricos, la gestión de los residuos. El proyecto tratamos de diseñarlo de manera flexible para que el Poder Ejecutivo eventualmente lo aplique en forma gradual.
-¿Se aplicaría también en los programas de vivienda que sean nacionales y provinciales y también en las construcciones privadas?
-En principio lo pensamos para las edificaciones del sector público: oficinas, viviendas, hospitales, escuelas. En el recinto puse como contra ejemplo la Casa Gris, por su cantidad de aire acondicionados, muchas veces mal ubicados, con locales que no ventilan ni iluminan bien. Es un edificio que demanda una cantidad de energía impresionante. En todo el mundo se tiende a que se aproveche la iluminación natural y que demanden la menor cantidad de energía posible para calefaccionar y refrigerar.
Dejamos abierta la posibilidad para que los municipios, que son los que tienen competencia a través de sus reglamentos de edificación y ordenamiento urbano, vayan incorporando algunas de estas exigencias a las obras privadas. Respetamos la autonomía municipal, pero los invitamos a que vayan avanzando gradualmente en normas de este tipo.
-¿Existe en el país algún proyecto similar que ya se esté llevando a cabo?
-Sí, en la provincia de Buenos Aires hay una norma bastante parecida, vinculada sobre todo a lo que tiene que ver con aislación térmica. En el mundo desarrollado hay un sin número de países que han avanzado en normas de este tipo.
-¿El apoyo en Diputados fue unánime?
-Sí, se aprobó por unanimidad.
-¿Se sabe cuándo tendrá tratamiento en el Senado?
-No, pero hablaremos con los senadores de Cambiemos para que traten de impulsar esta ley.
-El otro proyecto?
-Es un proyecto que presentamos hace algunos meses planteando que se elimine el pago de ingresos brutos en los créditos hipotecarios destinados a vivienda familiar. Nos pareció necesario que Entre Ríos acompañe, como lo hicieron otras provincias, el esfuerzo exitoso que está haciendo el gobierno nacional para volver a tener un mercado de crédito hipotecario destinado a la vivienda en la Argentina. Julio ya había sido récord y agosto lo superó en materia de otorgamiento de créditos hipotecarios, con más de 7 mil millones de pesos. El sistema con créditos a 30 años, cuotas accesibles y un gran protagonismo de la banca pública, el Banco Nación está liderando esta medida, evidentemente ha sido un gran acierto del gobierno nacional.
Los créditos hipotecarios están gravados con ingresos brutos y con una alícuota altísima. Algunas provincias propusieron reducirla y de hecho fue la posibilidad que deslizó el ministro Ballay en la reunión de la Comisión de Hacienda que mantuvimos el martes de la semana pasada antes de la sesión. Debo decir que mi proyecto se trató en conjunto con uno del diputado Urribarri que iba en el mismo sentido y compartía los mismos objetivos. Legisladores de todos los bloques coincidimos que en Entre Ríos debíamos directamente eximir del pago de ingresos brutos a los créditos hipotecarios destinados a vivienda familiar.
-O sea que lograron unificar este proyecto con el del diputado Urribarri.
-Sí, se unificó el expediente del cual salió un dictamen por unanimidad en la Comisión de Hacienda y el martes de la semana pasada se trató en sesión donde salió por unanimidad. Ahora pasó al Senado, donde en este caso con más urgencia, les pediremos a los senadores y eventualmente al Ejecutivo que lo traten. También fue incorporada en la Comisión de Hacienda una recomendación a los municipios para que eliminen o reduzcan alguna tasa municipal que pueda encarecer las cuotas.
-Algún otro proyecto que quiera comentar.
-Estoy trabajando en un proyecto de ley tendiente a regular y promocionar la actividad de las Universidades Populares en la provincia de Entre Ríos, en línea con un proyecto de la diputada Brenda Austin, de Córdoba, que pretende generar una ley nacional en este sentido.
Las Universidades Populares son una herramienta interesante para brindar educación permanente, no formal, vincular el conocimiento con el mundo del trabajo y generar oportunidades de desarrollo e inclusión. Vemos que en general el Estado no les da el acompañamiento que debería.
