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Luis Garay, Defensor del Pueblo de la ciudad de Paraná; Pablo Donadío, Defensor del Pueblo adjunto de dicha ciudad; y José Palmiotti, Defensor del Pueblo adjunto de CABA y Defensor del Turista de CABA, el viernes brindaron una conferencia abierta a la comunidad en el salón del HCD, con el fin de dar a conocer qué es la Defensoría del Pueblo y cuáles son sus funciones.

La convocatoria estuvo a cargo de los ediles Soledad Torres y Aníbal Richard (Cambiemos), quienes han presentado un proyecto de ordenanza al respecto.

Acompañados por ambos concejales, el jueves los conferencistas visitaron la redacción de El Entre Ríos para ser entrevistados.

-¿Qué es una Defensoría del Pueblo y cuál es su diferencia con Defensa del Consumidor?
L.G.: -La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional. A partir de 1994 con la reforma de la Constitución se incorpora la figura del defensor del pueblo a nivel nacional, que ya existía en Europa y en entre los años '83-'84 comienzan a trabajar en toda Latinoamérica. En la Argentina, a partir del gobierno democrático de Raúl Alfonsín se empienza a hablar de esta figura.
En Entre Ríos se incorpora en 2008, con la reforma constitucional provincial. En la ciudad de Paraná la Defensoría funciona desde 2003, a partir de una ordenanza propuesta por el entonces concejal y hoy adjunto, Pablo Donadío, que fue aprobado por unanimidad.
Para diferenciarlo de Defensa del Consumidor, la Defensoría del Pueblo actúa cada vez que hay un derecho vulnerado por acción u omisión del Estado, ya sea local, provincial o nacional. No es solamente un órgano de contralor como muchos creen, sino que es el acompañamiento a todos los ciudadanos que han hecho algún reclamo al Estado sin encontrar respuesta. Es de alguna manera institucionalizar la protesta, que se tomen los caminos que corresponden. Acompañar significa no burocratizar más la cuestión, la Defensoría del Pueblo acompaña el expediente hasta conseguir alguna resolución favorable.
Los defensores hacemos recomendaciones. Nuestro dictamen máximo es decirle al Ejecutivo qué es lo que nosotros opinamos que tiene que modificar desde lo legal o desde las acciones que los gobiernos toman o dejan de hacerlo.
En cambio, Defensa del Consumidor se agota exclusivamente en lo que tiene que ver con las empresas y particulares. Por ejemplo un reclamo a la telefonía móvil o un comercio, donde hay consumo de por medio. En CABA, Defensa del Consumidor está dentro de la Defensoría del Pueblo, pero en muchas ciudades como Paraná están por separado.

-¿Cuál es el promedio de consultas? Tanto en Paraná como en Buenos Aires.
L.G.: -En Paraná hacemos un informe anual obligatorio. En el último figuran alrededor de 3 mil actuaciones, teniendo en cuenta que la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene un convenio con la defensoría local y todo lo que son multas, por ejemplo, se canaliza por la de Nación que está en Paraná.
Estos últimos dos meses con las tarifas de luz y gas, es impresionante el aumento en el número de reclamos. A tal punto que la defensoría interpuso un recurso de amparo colectivo; todavía no hay una resolución del juez federal pero como está la resolución de la Cámara Federal de La Plata, el tema del gas todavía está en suspenso.
Los defensores del pueblo tenemos una asociación a nivel nacional, presidida por el Defensor del Pueblo Alejandro Amor y en la cual yo ocupo la vicepresidencia. Nosotros tuvimos dos reuniones con el Ministro Aranguren pidiendo que retrotraiga el tema de las tarifas y haga las audiencias correspondientes, y como no tuvimos respuesta inmediata interpusimos acciones de amparo porque entendimos que la gente no iba a poder pagar las facturas.

-¿Qué es la Defensoría del Turista y en qué casos interviene?
J.P.: -Hasta no hace mucho tiempo en CABA los reclamos de los turistas nacionales y extranjeros, tenían que ver con Defensa del Consumidor. Hoy los problemas han cambiado y tuvimos que girar para trabajar en la problemática de la inseguridad. Los derechos del turista hoy son vulnerados en el mundo, y nuestra constitución dice que todo ciudadano del mundo que pise nuestra tierra tiene los mismos derechos que nosotros, así que salimos a la calle y tenemos más de 20 defensorías en CABA.
Sobre la defensoría quiero decir que todos los pueblos deberían tener una, porque es quien realmente defiende nuestros derechos, ya que el Estado a veces está ausente o en otras problemáticas. Nosotros no queremos hacerle juicio al Estado ni somos quienes los vamos a poner la lupa en controlar lo que hace, sino que somos un nexo entre la comunidad y el Ejecutivo hoy el 90% de los casos se resuelven en la mediación.

-¿Qué costo insume una Defensoría del Pueblo?
P.D.: -En el caso de Paraná es muy bajo, ya que cuando se creó se hizo con la estructura del personal de planta permanente del Estado municipal. Se hizo una convocatoria interna del Departamento Ejecutivo del Concejo Deliberante y hubo una selección de un grupo de empleados en función de ciertos requerimientos; algunos administrativos, otros que tuvieran especialidad en temáticas sociales, servicios públicos, económico financieras. Por lo tanto no hubo ninguna erogación extra, salvo los sueldos del defensor y el adjunto. El edificio donde sigue funcionando pertenecía al exbanco Municipal de la ciudad de Paraná que pasó a formar parte de un ente residual y que fue absorbido por el DEM, así que posiblemente en Colón, como en cualquier otra ciudad, empleados municipales pueden aportar su experiencia.
L.G.: - El presupuesto para el funcionamiento es de 350 mil pesos al año para el mantenimiento y pago de impuestos. Los sueldos corresponden al presupuesto del HCD. Paraná es una de las defensorías con el presupuesto más bajo del país.

-¿Cómo se eligen los cargos?
P.D.: -En general se hace un llamado público para la inscripción. En el caso de Paraná, el requisito es el mismo que se le exige a una persona para ser concejal, o sea lo que establece la Ley de Municipios. Después se pasa por una audiencia pública donde cada candidato expone una propuesta para los cinco años que dura la gestión, se presentan los antecedentes, se publicita quiénes se han inscripto para que haya una exposición pública y eventualmente alguna impugnación. También se requiere presentar el aval de 0,5% del último padrón. Luego, el HCD, con una mayoría especial de dos tercios selecciona el defensor y el adjunto.
En algunas provincias o localidades el defensor titular propone al adjunto. En otras provincias surge a propuesta del Ejecutivo, con la aprobación del Poder Legislativo.
J.P.: -En la Ciudad de Buenos Aires el titular tiene que ser de la oposición; en todos los entes reguladores es así.

-¿Cuál es el organismo que ejerce control sobre la Defensoría?
L.G.: -Cuando Pablo y yo nos presentamos como postulantes lo hicimos por separado, no nos conocíamos. Hubo 25 postulantes. Tuvimos que exponer en el concejo deliberante, nos eligieron y ahí comenzamos a trabajar juntos. Fue en 2009. Pasaron tres períodos de intendentes de distintos colores políticos, sin embargo fuimos reelectos en 2014. La ciudadanía tiene presión social sobre el trabajo de los defensores y estamos continuamente observados por la prensa, las comisiones vecinales y los vecinos que buscan el respaldo nuestro.
Aclaro que sí es un órgano político, tenemos nuestra ideología y vamos a votar, pero al momento de actuar somos como árbitros de fútbol: cuando es penal es penal. Si vemos un derecho vulnerado por parte del Ejecutivo, gobierne quien gobierne, lo vamos a decir. Se trata de acompañar al ciudadano sin importar el color político que esté.
Hoy la provincia y la nación están gobernados por distintos sectores políticos y hemos interpuesto recursos de amparo por el tema de la luz y el gas en ambos lugares.
J.P.: -Las ONG's nos controlan permanentemente. Mejor control imposible.

-¿Cuál es la resistencia que suelen encontrar en el Ejecutivo de las diferentes localidades? Porque por ejemplo acá en Entre Ríos hay defensoría solo en Paraná.
L.G.: -Es desconocimiento por parte de muchos funcionarios que creen que es un órgano de contralor exclusivamente y que quién mejor defiende al pueblo es quien lo gobierna. Ahora, cuando dejan la silla del Ejecutivo y se convierten en oposición, dejan de pensar eso.
Nuestro sistema piramidal, no digo que sea bueno pero es el nuestro, es el gobernante arriba y el pueblo abajo, en ese sector del medio está la defensoría haciendo nexo entre ambos.
El Centro de Mediación Comunitario no solo actúa cuando hay conflicto entre ciudadanos, sino que hace mucho tiempo se ha incorporado la mesa de facilitación de diálogo que permite que en una mesa con mediadores especializados se sienten funcionarios y los vecinos que están reclamando. Muchas veces la defensoría presta colaboración al Ejecutivo, además somos una caja de resonancia, porque al pasarle el informe anual el intendente sabe cuáles son las quejas de los vecinos.
Los intendentes pueden interpretar que las quejas de los concejales opositores tienen alguna intencionalidad política, acá se da transparencia al reclamo.

-¿Las comisiones vecinales pueden ejercer la labor de la Defensoría del Pueblo?
J.P.: -No, esto es una cuestión de Derechos Humanos. Hace 7 años que no tenemos Defensor del Pueblo de la Nación. Es una asignatura que prontamente va a tener que resolver este gobierno.
Fuente: El Entre Ríos (edición impresa)

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