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Por Adrián Pino

Este lunes, recicladores de la planta de tratamiento de residuos de Concepción del Uruguay se concentraron en el Centro Cívico para que la cooperativa que conformaron sea reconocida contractualmente. La negativa oficial de parte del Intendente Schepens y sus funcionarios devino en una protesta que derivó en la toma del edificio municipal por parte de los manifestantes que, más tarde, fueron desalojados por la fuerza tras una orden judicial.

El episodio puso a la luz la relación que el actual Gobierno Municipal estableció con las cooperativas de trabajo, donde el disciplinamiento político y el control de “la caja” juegan un papel clave en el sostenimiento de la gobernabilidad establecida por el Intendente Carlos Schepens.

Disciplinar a las Cooperativas

La llegada abrupta de Carlos Schepens al poder se produjo en un contexto de debilidad política del actual Intendente Municipal. El mandatario uruguayense tenía claro que el “aparato” conducido por Marcelo Bisogni fue el que le había permitido consolidar su posicionamiento como candidato primero y la holgada victoria electoral.

Emulando en baja escala la experiencia que puso en práctica Néstor Kirchner para desplazar al aparato Duhaldista que lo había llevado a la presidencia de la Nación, Schepens ideó un fuerte debilitamiento del sistema de cooperativas sociales que respondía directamente a la estructura de Marcelo Bisogni. En sus primeros meses de gestión recortó drásticamente el flujo de fondos que se destinaba a las cooperativas, desatando todo tipo de reacciones (con mayor y menor grado de violencia) por parte de los afectados.

Así transcurrió con sobresaltos los primeros meses de gestión. Pero con el control de “la caja” logró ir disciplinando a los actores principales de las cooperativas sociales que fueron perdiendo poder en la medida en que perdían acceso a los recursos económicos. Los líderes cooperativistas Enrique Chimento y “Chueco” Bestard son el fiel reflejo de ese proceso: el primero debilitado y acallado; el segundo deportado a otra provincia. Sólo Oscar Moreyra sobrevivió al proceso, acomodándose a las nuevas reglas y a los nuevos “patrones” que dirigen el manejo de los fondos.

El control de “la caja”

Schepens entendió claramente que quien controla “la caja”, tiene el poder. Y con esa táctica bajo el brazo desarmó definitivamente al movimiento de cooperativas sociales quitando de “un plumazo” 400 integrantes que abandonaron estas organizaciones para pasar a ser contratados directos del Gobierno Municipal. Más allá de algunos resabios que aún hoy se manifiestan de parte de quienes “se la tienen jurada” al intendente Schepens, en términos generales el disciplinamiento ha surtido efecto y la gestión camina con bastante calma desde entonces.

Sin embargo, lejos de desarticular el sistema de direccionamiento de fondos a las cooperativas sociales, el Gobierno Municipal creó sus propias cooperativas sociales “leales” a las que alimenta de forma sustanciosa mes a mes con varios millones de pesos al año. Estas nuevas cooperativas que se formaron, nacieron al amparo de los funcionarios más allegados al intendente, como el caso del Secretario de Obras Públicas, Mario Acuña, que controla a las organizaciones a través del otorgamiento de las obras. Es decir, en la práctica hubo un reemplazo de unas cooperativas sociales “díscolas” por otras “leales” que trabajan en sintonía con el nuevo Gobierno, siempre y cuando los recursos públicos fluyan.

El “incidente” de los cartoneros

Con esta dinámica aceitada, el Gobierno Municipal se acostumbró a tener un férreo control sobre las organizaciones cooperativas que prestan servicios al Municipio. Por eso la aparición de un grupo de trabajo autónomo, que no responde directamente al Gobierno local, como es la cooperativa “Rocío Quintero” que conformaron los recicladores del basural de Talita, puso incómodo a la administración Schepens.

Esta cooperativa de trabajo se conformó legalmente a la postre de la tragedia del Puente de Fierro ocurrida en enero de este año. Aquel 7 de enero, un camión municipal chocó la estructura que cruza sobre el arroyo de la China generando la muerte de Rocío Quintero y amputaciones y heridas graves a otros que viajaban en la caja del vehículo. Esas personas trabajaban en condiciones absolutamente precarias, su traslado en esa forma era avalado por los funcionarios municipales y de allí derivó la decisión de los trabajadores de autoorganizarse para revertir esa situación tan traumática que les tocó vivir. Desde entonces, el Gobierno Municipal puso en marcha diversas acciones destinadas a desconocer a esta nueva cooperativa que no responde directamente a la gestión, lo que derivó finalmente en los incidentes ocurridos este lunes que terminó con los trabajadores desalojados por la Policía. El Intendente Schepens sabe muy bien que las cosas son de este modo, pero no están dispuestos a dejar librado al azar la organización autónoma de los trabajadores y por eso emitieron un comunicado lleno de falacias, intentando infundir miedo a la población: allí argumentan por ejemplo que se ordenó evacuar el municipio “Debido al peligro generado para el personal”, en aras de “resguardar la integridad del Centro Cívico” ante “un grado de violencia manifiesto, sin posibilidad de diálogo, y bajo amenazas”.

Como corolario el Gobierno Municipal señala que “se alerta a la población sobre posibles nuevos movimientos de este tipo que pretenden generar climas de conflicto y desestabilización con gente llegada desde otros lugares y cómplices locales con el pretexto de supuestos reclamos sociales”, cuando en realidad lo que está en juego es el control de “la caja” y el disciplinamiento de las organizaciones sociales que prestan servicio al Municipio.

Menos cooperativistas pero el mismo gasto millonario

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A pesar de la fuerte reducción del número de cooperativistas de 2012 a 2013, los fondos de Schepens a estas organizaciones no disminuyeron de un año a otro.
(Gráfico: Natalí Morales)
Fuente: El Entre Ríos (edición impresa)

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