Esta semana se conoció la decisión del gobernador Sergio Urribarri de contratar sin licitación a una empresa china por la escalofriante suma de U$S 430 millones. La obra está destinada a construir el acueducto del centro-norte de la provincia y deja sin chances a las empresas entrerrianas y nacionales que podrían ejecutar la obra.
El trámite fue rápido: la Cámara de Senadores le dio media sanción a finales del 2014, el oficialismo impuso su mayoría en Diputados nada menos que el 20 de enero y terminó de concretarse este miércoles cuando se publicó en el Boletín Oficial. La norma plasmada en la Ley N° 10.352 autoriza a Urribarri a sellar el acuerdo comercial con la firma de capitales chinos State Construction Corparation sin licitación previa, violando todos los preceptos que marca la Constitución entrerriana y las normas administrativas que pretenden resguardar la transparencia en los procedimientos estatales.
Capitalismo de amigos
La medida no es la primera sino la última de una larga lista de contrataciones directas autorizadas por el Gobernador entrerriano, que aspira a competir en las PASO como precandidato presidencial.
La práctica parece inscribirse en el ADN de las formas de administrar la cosa pública por parte de la gestión Urribarri, que ha hecho de las excepciones y la contratación directa la forma más escandalosa del capitalismo de amigos.
La modalidad se extiende en casos concretos de obra pública y servicios al Gobierno, pero el contrato directo (con endeudamiento en dólares incluido) con una empresa china para construir este acueducto parece rebasar cualquier capacidad de asombro. Se trata nada menos que de una obra de 430 millones de dólares; es decir (a valor oficial) algo así como 4.000 millones de pesos en la que se favorece de forma directa, sin licitación alguna, a la firma China State Construction Engineering Corporation LTD.
Inconstitucional
Desde la conducción de la UCR, José Antonio Pepo Artusi remarcó por estas horas que el artículo 80 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos es claro y no deja lugar a dudas: Toda enajenación de los bienes del fisco o del municipio, compras y demás contratos susceptibles de licitación se harán en esta forma y de un modo público, bajo pena de nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.
Sin embargo, el proyecto publicado este miércoles señala en su artículo 1°: Autorizar al Poder Ejecutivo a celebrar con China State Construction Engineering Corporation LTD un contrato de obra pública con el objeto de ejecutar las obras denominadas Acueducto del Norte Entrerriano-La Paz-Estacas y Sistematización y Distribución de Agua para riego-Mandisoví Chico. Así de directo: sin licitación alguna, sin concurso de precios y dejando sin chance de competir a ninguna otra empresa provincial, nacional o internacional que esté en condiciones de concretar los trabajos.
Pero no todo termina ahí, ya que la norma además dispone que se autorice al Poder Ejecutivo a realizar las operaciones de crédito por hasta la suma de USD 430.387.551 con más los intereses necesarios para financiar la construcción de las obras. Es decir, también por contratación directa, se autoriza a Urribarri a endeudar a Entre Ríos por más de 430 millones de dólares con el banco chino ICBC.
Para rematar, en lo que varios juristas y el propio Colegio de Abogados de Paraná caratuló como una aberración, el artículo 3° dispone facultar al Poder Ejecutivo a afectar en garantía y/o ceder los derechos de la Provincia sobre las sumas a percibir por el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales. En resumen, si la Provincia no paga, los chinos se quedan con la coparticipación nacional que corresponde a Entre Ríos.
Negocio redondo
Para los chinos, claro. Para que el ciudadano medio no tenga dudas, el proyecto impulsado por Urribarri autoriza a pedir un crédito por 430 millones de dólares a un Banco chino, la Provincia contrata en forma directa a una empresa China por esa cifra (casi 4.000 millones de pesos) y, por si fuera poco, en caso de no pagar, la entidad financiera extranjera se cobra directamente de la coparticipación nacional que corresponde a Entre Ríos.
Para el dirigente radical José Artusi no caben dudas que La nulidad e inconstitucionalidad de la norma propuesta es tan evidente que cuesta creer mejor dicho, costaría creer si no supiéramos quien gobierna que los autores de tal iniciativa hayan tenido la osadía de escribir algo así en un proyecto de ley.
Las $ospecha$
No hay razón alguna para burlar los controles que rigen en la administración pública. Por ello, desde la oposición hacen notar que las sospechas de retornos, como se les dice elegantemente a las coimas, están a la orden del día.
Por estas horas son variadas las voces que advierten de intereses espurios en la maniobra. Desde el radicalismo, el exdiputado provincial José Artusi advertía que La sociedad tiene sobrados motivos para sospechar que también puede ser un negocio redondo para algunos funcionarios.
El diputado provincial del Partido Socialista, Lisandro Viale, se pronunció en la misma línea: entregarle la obra a una megaempresa china sin licitarla es ilegal y un atropello a las instituciones y la ciudadanía y que la única razón aparente por la cual se puede llegar a actuar así es porque existen negociados paralelos que no se dicen.
Para abonar aun más estas sospechas sobre las razones que impulsan a Urribarri a violar todas las normas legales y exponerse a una causa judicial, los primeros documentos que comienzan a aparecer en estas horas dan cuenta que los proyectos elaborados por el Prosap (dependiente del Ministerio de Agricultura) estaban presupuestados en 150 millones de dólares, casi tres veces menos del monto que el Gobernador acordó con la empresa china.
Aunque nadie lo menciona cuando el grabador se enciende, las principales especulaciones respecto al accionar del gobernador Urribarri dan cuenta de una maniobra más para hacer caja, como se dice en la jerga cuando se trata de recaudar fondos para financiar una costosa campaña electoral que suma gigantografías y spots televisivos por todo el país.
