Los actos se dieron casi en simultáneo y con un claro sentido político: atacaron la casa de dos funcionarios municipales y el auto particular de un tercer funcionario, todos de extrema confianza del Intendente de Concepción del Uruguay, Carlos Schepens (FpV). Los ataques se produjeron entre la madrugada y la mañana del jueves pasado, con pintadas e intentos de incendiar los vehículos particulares de los funcionarios políticos.
¿Qué oculta el Intendente?
Apenas conocido el hecho, fue el mismo Intendente Carlos Schepens el que salió a poner el cuerpo tras la situación denunciando de forma ambigua y con señales indirectas que desde el Gobierno Municipal sabemos perfectamente de dónde provinieron estos ataques. Hasta ahí llegó la confesión: no hubo más datos que permitieran conocer a la ciudadanía la verdadera raíz de este intento de amedrentar al Intendente y sus funcionarios.
Schepens se limitó a enviar esta señal para los atacantes, utilizando una vez más los medios oficiales donde el funcionario se mueve con comodidad desde comienzos de su gestión.
La mitad de la verdad
Hubo que esperar que pasara el fin de semana para que uno de los funcionarios que fue víctima del cobarde ataque agregara algunas pistas sobre la situación. Fue el secretario de Coordinación General, Ricardo Vales, quien salió a denunciar en algunos medios de comunicación locales que los ataques sufridos eran consecuencia directa (sic) de una Auditoría iniciada por su área a dos Cooperativas Sociales que, según la versión oficial, no podían explicar el movimiento de fondos y el destino de los dineros públicos recibidos por las tareas que prestan en la construcción de viviendas y otras obras de las que participan.
Estábamos auditando (a las dos cooperativas sociales) y vemos que en realidad no tiene los asociados que debería tener por su tamaño y cuando empezamos a pedir los asientos contables, tampoco les están cerrando. Al mediodía habíamos tenido la reunión con esta gente y a la noche me pasó esto en mi casa y lo asocio directamente, denunció Vales.
Sin embargo, esta es la mitad de la verdad. Detrás de esta aparente explicación que intenta vincular el ataque a la casa de los funcionarios con las tareas de control sobre el manejo de recursos de dos Cooperativas Sociales, el Gobierno Municipal prefirió ocultar las razones profundas que derivaron en este mensaje mafioso al Intendente.
Detrás de los atentados se esconde la pelea intestina del PJ uruguayense que comienza a disputarse dos factores claves para quienes aspiran a suceder al actual Intendente en 2015: el control territorial del noroeste de la ciudad, donde se ubican los barrios más populosos; y el manejo de la Caja negra de la política, en la que los recursos que perciben las cooperativas sociales configuran un eslabón fundamental para financiar las campañas y el accionar político clientelar que ha montado el PJ desde hace años.
Controlar el territorio
Sabedor de la importancia que implica tener una pata firme en los barrios más poblados y más pobres de la ciudad, el estratega del PJ y cabeza real de las acciones políticas del Gobierno Municipal Carlos José Teta Scelzi ordenó al Intendente tomar control del Centro Integrador Comunitario (CIC), que funciona en el corazón del barrio 30 de octubre y articula la labor social sobre todos los barrios del noroeste de la ciudad.
Así fue que el Intendente puso en marcha un desembarco en el territorio que intenta desplazar a quienes hasta el momento controlaban la acción política en esa zona de la ciudad, articulando buena parte de las políticas sociales y asistenciales que consolidaban las relaciones clientelares.
Así fue que Schepens dispuso, en silencio, sin ningún tipo de información pública ni anuncio, un mecanismo de avance creciente sobre el CIC en donde cada semana aterriza una Secretaría o Dirección diferente para marcar la presencia de los funcionarios que responden de manera más directa al Gobierno Municipal.
Junto con este paso, el Intendente ordenó auditar a dos de las tantas cooperativas sociales que funcionan de forma irregular, justamente las que tienen base en este sector de la ciudad.
La situación fue tomada como una mojada de oreja para quienes hasta entonces habían tenido plena libertad para hacer y deshacer en el lugar, alimentados por los recursos que giraba el Intendente Schepens. Y reaccionaron de la peor manera, de forma violenta e intimidatoria.
El episodio evidencia que, lejos de tratarse de un problema asociado a las dos cooperativas señaladas, lo que está en juego es: por un lado, el control del territorio; y por otro el manejo de una parte de los recursos de la Caja de la política para determinar quién será el que comandará las relaciones clientelares que sirven de base a la estructura electoral del PJ uruguayense.
El Intendente sabe claramente quiénes son los nombres que estuvieron detrás de los atentados. Y los movimientos que ahora les reprocha, fueron los mismos que amparó durante más de dos años. Sólo que ahora se desató la pelea intestina para determinar quién tendrá parte del Aparato para consolidar un armado político que permita ir en busca del triunfo en la elección a la Intendencia de 2015.
