"Se le está vulnerando el derecho de acceso a la educación a niños y jóvenes con discapacidad, cuya única salida del medio donde viven es la que tienen a la escuela, donde se les brinda educación, alimentación y contención durante ocho horas diarias", explica la directora de la institución, Claudia López.
Esta vez el problema resurgió a raíz de la falta de pago a los cuatro remises que trasladaron a los chicos durante marzo y abril, dado que ni el Consejo General de Educación ni el Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro) firmaron un contrato para hacerse cargo.
"Sinceramente no sé a quién más acudir, porque siento que nos vendieron espejitos de colores cuando Mayda Cresto (presidenta ejecutiva del Inaubepro) y el senador Pablo Canali (presidente del directorio) nos manifestaron el 22 de enero que sigamos trabajando de la misma forma que como terminamos el 2015", continúa diciendo para El Entre Ríos.
Aparentemente, por un error administrativo nunca se inició el trámite del expediente de la gestión de la partida para abonar el servicio, acumulándose una deuda que asciende a más de $60.000 para con la empresa a la que nadie responde y dejó de brindar el servicio.
"A mediados de abril empecé a gestionar el dinero porque era momento de presentar facturas y hacer la rendición, pero nadie se hace cargo por la falta de documentación encontrando solo palabras que me dicen que les dé un tiempo para conseguir los fondos, pero yo no manejo los tiempos", concluye la docente.
